Un diario ha publicado declaraciones del jefe de Justicia del PP en las que afirma que la mayoría de jueces son proclives a su partido. La reacción de extrañeza de algunos recuerda a la del capitán Renault, policía corrupto de ‘Casablanca’: “¡Qué escándalo! He descubierto que aquí se juega”. Pues claro que son de derechas, ¿por qué, si no, ese partido está en una cruzada para seguir controlando al CGPJ?, ¿por qué, si no, atacarían la Constitución bloqueando la renovación? Si alguien se sorprende es que, seguramente, vive en otro sitio. Y a partir de ahí maticemos.
Merece la pena insistir en que el Poder Judicial no tuvo su 23F. Lo que privó al nuevo poder democrático de ocasión para sanear su composición. A algún demócrata esto le sonará a blasfemia, pues pone en tela de juicio -nunca mejor dicho- la independencia de los tribunales. Sostendré que no es así. La independencia del Poder Judicial es predicable en el seno de un Estado, un Estado constituido en torno a unas normas esenciales -incluyendo las procesales-: no es independiente en abstracto. Igual que cambió el poder ejecutivo y el legislativo, en su esencia, con la Transición y la Constitución, no lo hizo el judicial. Y el judicial estaba plagado de franquistas, sobre todo en los tribunales principales. Se dirá que se limitaban a aplicar las leyes del régimen. Pero eso significa que había juristas que, de buen grado, se plegaban a hacer eso, a convertirse en cómplices necesarios de auténticos crímenes de Estado o corruptelas institucionales. Y si el régimen designaba a uno de estos jueces para cargos políticos, ningún colega se rasgaba las togas. El valor que demostraron algunos en otras profesiones desafiando esas leyes no brilló aquí. Hubo disidentes, jueces y fiscales apartados, perseguidos… Pero fueron pocos: gozan de prestigio por ser extrañas excepciones. Pero afirmar, simplemente, que se limitaban a aplicar normas es una falacia: en numerosísimos casos hacían una entusiasta interpretación de la norma ateniéndose al principio ‘in dubio pro dictadura’ y pocas veces a favor del estandar de derechos que existía en Europa desde principio de los años 50. Repásese lo juzgado por el Tribunal de Orden Público. O búsquense opiniones de jueces contra la ‘justicia militar’ (?). Y ello por no hablar del abuso de la aplicación del desacato que blindaba hasta lo indecente a los propios jueces.
Pues bien, la judicatura que había participado en la fiesta siguió intacta, aunque, ciertamente, hubo un creciente número de críticos, organizados o no, que denunciaron abusos y se posicionaron a favor de reformas. Muchas ha habido, que han limitado la capacidad de los jueces de interferir en la lógica constitucional. Pero la ausencia de un momento crítico de cambio permitió que la judicatura se sintiera, masivamente, continuista, más cerca de los valores de la derecha. Por varias razones:
1.- Hay una visión corporativista muy fuerte que, en nombre de la independencia, reclama un espacio propio ajeno a la transparencia propia de la sociedad democrática. Esa visión se compadece mejor con la ideología conservadora. Y converge con la comprensión del propio papel como superior al de otras funciones sociales.
2.- Las tendencias principales en la enseñanza del derecho, en las facultades o en el decimonónico sistema de ‘preparadores’ -que espera a los inspectores de Hacienda-, favorece una visión del derecho también conservadora: positivista, esto es, que parte de presunción de que su interpretación de la norma es, precisamente, la que refleja el auténtico sentido de esa norma. La norma se vuelve autorreferencial y se olvidan sistemáticamente algunos criterios constitucionales como la lucha por igualdad en el Estado social. Ese positivismo tampoco se alimenta del vacío, sino de convicciones ideológicas o situacionales que, a veces, permiten la discrepancia, pero que, en otros, muestran la existencia del poder cohesivo de asociaciones religiosas o sociales de tipo conservador.
3.- Con toda probabilidad, una cartografía del origen social muestre que hay una brecha económica -de clase- en la judicatura, derivada, sobre todo de las condiciones para el acceso.
¿Niega todo esto la bondad del Poder Judicial, en términos de profesionalidad? No, en general, en el ejercicio de las decisiones procesales técnicas. Coincido con el juez Joaquim Bosch, que muchas veces ha explicado que en la inmensa masa de decisiones los jueces actúan con la ponderación, equidad y rigor que se espera de ellos, sin que afecte su coloración ideológica. El problema aparece en los altos tribunales: TSJ, Audiencia Nacional o TS. Precisamente en los que la capacidad de designación convierte al CGPJ en esencial. Precisamente en aquellos en los que se sustancia, en última instancia, las grandes causas que afectan a políticos, grandes empresarios, partidos…. En estos casos, la sensación de que se encuentra más tolerancia para unos que para otros está bien asentada. El jefe del PP nos acaba de dar una buena razón para entenderlo.
En el debate sobre el bloqueo del CGPJ, intentar mantener esa exquisita equidistancia consistente en pedir a “todos” que se pongan de acuerdo, nos vuelve a llevar al garito de ‘Casablanca’: en esta ruleta sólo juega el PP. Y lo hace incumpliendo la ley actual, plenamente constitucional. Que se quiera cambiar es otra cosa, legítima y, según y cómo, yo podría estar de acuerdo. Pero es curioso que las asociaciones de jueces, tan proclives a invocar la ley en sentido estricto, olviden ese detalle. La Constitución prohíbe la militancia en partidos o sindicatos a jueces y fiscales. Nunca estuve acuerdo porque limita un derecho, y, al hacerlo, contribuye al aislamiento de esas personas. Pero ahora me permito una boutade: mejor que se obligue a los jueces a militar y que los cargos se elijan en elecciones populares. Porque, si no, la Constitución muta: no militan aparentemente, pero su adscripción, secreta para la mayoría, queda en manos de dirigentes políticos y de informadores, que pueden publicarla o no, poniendo al justiciable en situaciones indeseables, e impidiendo causas de recusación. En fin: muchos partidos fichan a jueces que, al acabar su desempeño en cargos políticos vuelven a los tribunales… y reivindican la neutralidad judicial. Una ley dictada tras el 23F prohibió que los militares que pasan por la política puedan volver a activamente a las FAS. ¿No podría hacerse lo mismo con los jueces? Mientras tanto, le aconsejo que si le van a juzgar se ponga en la solapa el símbolo del PP. Y prepare el de Vox, por si acaso.
