El archivo de la causa contra al menos 39 de los 50 imputados por el llamado «pitufeo» en València y el más que probable sobreseimiento de la instrucción para los 11 restantes pone fin a seis años de calvario judicial y personal para el medio centenar de concejales y asesores del equipo de la alcaldesa Rita Barberá y el Partido Popular que optaban a revalidar el mandato en el ayuntamiento de la capital en 2015.
De la resolución de la Audiencia Provincial se desprende algo que podía haber quedado establecido hace mucho tiempo: los aspirantes a concejales y asesores que entregaron al PP 1.000 euros para financiar su propia campaña electoral y que recuperaron ese dinero en metálico de manos de la organización meses más tarde no tenían por qué saber que la devolución del efectivo procedía de fondos ilícitos, que constituía un delito de blanqueo de capitales. Y aunque algunos lo supieran resulta prácticamente imposible demostrarlo. Pero la justicia, que cuando es lenta resulta especialmente injusta, ha mantenido la causa seis años, con consecuencias personales devastadoras y con un impacto político notable sobre la configuración del nuevo equipo popular gestado en torno a María José Catalá. La nueva líder conservadora de la capital, a su vez número dos de la organización autonómica, ha ido prescindiendo de los nombres que eran referencia en la formación hasta 2015 (con escasísimas excepciones) por su implicación en el «pitufeo», y ahora, tras el archivo, se ha embarcado en una complicada operación de rescate de la figura y la memoria de Barberá, a quien su partido, con Mariano Rajoy e Isabel Bonig al frente, abandonó en un escaño del grupo mixto en el Senado, hasta que la muerte la sorprendió en un hotel de Madrid hace poco más de cinco años. Los 50 del pitufeo se sienten por fin aliviados. La responsabilidad penal se sustancia individualmente y ahora se ven por fin libres de la causa. Incluso no sería nada extraño que muchos de ellos y ellas se desentiendan de las intenciones del presidente de los populares, Carlos Mazón, de readmitirlos en el partido del que fueron apartados provisionalmente por su encausamiento y respondan con un corte de mangas a este inesperado gesto de generosidad de la organización que los ha apartado, ninguneado e ignorado.
Otra cosa es la llamarada política que la decisión de la Audiencia Provincial ha provocado. Los conservadores se han apresurado a pedir a los partidos de izquierdas que pidan perdón, hagan justicia y nombren a Rita Barberá alcaldesa honoraria de València en reconocimiento a los 24 años en que gobernó. La propia Barberá estaba encausada por el pitufeo, pero su muerte extinguió su supuesta responsabilidad y su imagen póstuma quedó en cierto modo condicionada a lo que sucediera con la instrucción que implicaba a los 50 miembros de su equipo.
Sin embargo, la dicha nunca es completa. Los tribunales han sobreseido la causa por supuestas irregularidades en la financiación de la campaña popular para las elecciones de 2015, pero creen tener sólidos indicios de que en 2007 y en 2011 el PP acudió dopado a los comicios, con una campaña reforzada con ingresos de empresas contratistas del ayuntamiento que asumieron gastos directos en eventos políticos o que aportaron cantidades para que los populares se hicieran notar ante los ciudadanos con más intensidad que sus rivales. Y todo ello con el que fue vicealcalde Alfonso Grau, como centro de todas las miradas. Y todas las sospechas.
Así las cosas, los populares no deberían sacar tanto pecho por el archivo de una causa en medio de un mar de al menos 135 condenas por corrupción en las distintas instituciones y entidades valencianas que gobernaron en su etapa hegemónica, tal como se pone de relieve hoy en estas mismas páginas. Como se dice en política, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. El archivo del pitufeo tiene consecuencias, pero se limitan al ámbito personal de los afectados, y no alcanzan a lavar la imagen de un partido con un escandaloso número de altos y medianos cargos que se lucraron con las arcas que tenían a su alcance y/o facilitaron, por acción o por omisión, que la corrupción floreciera en sus entornos.
Mazón y Catalá han redoblado sus propósitos de rehabilitación de la imagen y la figura de Rita Barberá, más por intereres electorales y para tratar de poner en apuros a los partidos de izquierda que por convicción propia. El expresidente Francisco Camps acaricia su sueño de verse pronto libre del último de los diez casos judiciales en los que se ha visto envuelto y reivindicar un papel relevante en el partido con el que ganó una mayoría absoluta meses antes de tener que dimitir a petición del propio Rajoy. Pero ni Rita Barberá será alcaldesa honoraria ni Camps será candidato a alcalde en 2023. El tiempo de ambos ha pasado, víctima de una responsabilidad política que no se ha extinguido tras una etapa infausta. Y cuanto antes lo entiendan ellos, los suyos y su partido, mejor para todos. Es momento de proponer y de enmendar comportamientos que no debieron producirse. Por el bien de la ciudadanía a la que todos se deben y a la que todos invocan.
2022, el año de las renovables
Con el megawatio/hora a más de 300 euros y muchos ciudadanos, sobre todo pensionistas, aterrorizados y ateridos sin poner la calefacción por miedo a la factura, las administraciones se ven impotentes ante la urgencia de frenar esta escalada. Le ha ocurrido al Gobierno de España en la última cita europea, incapaz de lograr un consenso. Los bonos sociales se presentan como la única herramienta ante esta crisis energética, pero no hay soluciones para la industria y los servicios, que al repercutir los costes han disparado la inflación hasta el 5’5 % interanual en noviembre. El miércoles pasado, en un foro organizado por Levante-EMV, el presidente Ximo Puig declaraba solemnemente que 2022 ha de ser el año de las energías renovables. Es sin duda la mejor alternativa. Pero para ello habrán de ser removidos los obstáculos administrativos y la escasez de personal que afectan a los servicios que han de dinamizar esa energía. Los trámites siguen siendo tan engorrosos como si no se hubiera eliminado el «impuesto al sol» y los debates enconados sobre la dimensión de los huertos solares están ralentizando los proyectos.
