Lugares para hacer residencias de mayores en la ciudad de València hay muchísimos». Esta frase del alcalde Joan Ribó, pronunciada el pasado martes para descartar la habilitación del hotel Sidi Saler como geriátrico, rebota desde hace cinco días por todas las calles, barrios y distritos de la capital. En todos los espacios, los vecinos se preguntan a qué lugares se refiere el primer edil del cap i casal y, sobre todo, por qué en los casi siete años que lleva presidiendo el ayuntamiento no ha impulsado una sola residencia, ni desde el municipio ni en colaboración con la Generalitat, pese a ser todos conscientes de la demanda de plazas y de la necesidad de crearlas.
València cuenta hoy con una población que queda ligeramente por debajo de los 800.000 habitantes de los cuales el 20 % son personas mayores de 65 años (unos 160.000), y un 3 % son mayores de 85 años (unos 24.000). Las estadísticas apuntan que durante la última década la población mayor de 65 años de la capital ha crecido un 16 % y los mayores de 85 años, un 53% Como se ve, la población de tercera edad aumenta de forma exponencial, y también su longevidad, lo que hace más necesarios los servicios de cuidados. Con esta progresión, dentro de 25 años, en 2047, los mayores de 65 años serán el 33 %, uno de cada tres habitantes.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como conveniente la existencia de cinco plazas de residencia por cada cien personas mayores de 65 años. En España, según datos del sector, la ratio es de 4,2 plazas por cada cien mayores; en la Comunitat Valenciana, la oferta ronda las 2,9 plazas, y en la ciudad de València, las poco más de 2.300 plazas sitúan su índice de cobertura en 1,4 plazas por cada cien mayores: harían falta 5.700 plazas nuevas para que se alcanzara la tasa marcada como idónea por la OMS.
Desde que Compromís y el PSPV-PSOE gobiernan el Ayuntamiento de València, en 2015, (con el apoyo de Podemos en los primeros cuatro años) sólo tres parcelas de la ciudad han sido identificadas como susceptibles de acoger residencias de tercera edad de nueva construcción y promoción pública, al margen de si su gestión se realiza de forma directa o en régimen de concesión. Se trata de un solar en Benimàmet, otro en Malilla y el tercero, el inmueble que fue centro de menores de Monteolivete. Pues bien, solo en este último caso se ha realizado un proyecto de habilitación para residencia, pero aún no se ha movido un ladrillo. En los otros dos casos, el terreno sigue tan vacío de planes y de obras como las cabezas de esos matones de redes sociales que esta semana ensuciaban con sus bravatas fascistoides el ahora limpio aire de la Plaza del Ayuntamiento.
Al caso. Si en la ciudad de València el panorama es desolador, pese a las grandes posibilidades que ve el alcalde Ribó, no es más esperanzador en el ámbito autonómico. Antes incluso de que el PSPV-PSOE y Compromís se hicieran cargo del Govern (también en 2015) la líder de esta coalición, Mónica Oltra, hacía de su oposición a la promoción de residencias desde el gobierno del PP con el llamado «modelo Cotino» uno de los ejes de su actuación política. Su combatividad contra aquella fórmula pensada, según se decía, para que las empresas privadas se forraran con el negocio de los cuidados de mayores, hacía pensar en que los nuevos gobernantes llegarían al Palau con un buen paquete de proyectos públicos que serían erigidos y gestionados con transparencia, rigor, eficacia y justicia social. Pero las expectativas no se han cumplido ni de lejos. Oltra, como responsable directa de la gestión de las residencias desde la Vicepresidencia de la Generalitat y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, presenta un balance de gestión no mucho mejor que el de Ribó: muchos solares; algunos proyectos; obras una o ninguna.
Quizás por ese pobre balance en la promoción de residencias para la tercera edad, la Generalitat subraya ahora que las personas que necesitan cuidados en el ámbito de la dependencia donde mejor están es en sus casas, con sus familias, amigos, entorno físico y social... Desde el punto de vista sanitario, está totalmente asumida la necesidad de profesionalizar los cuidados de estas personas. Cada vez vivimos más años pero el cuerpo no tarda en presentar problemas de movilidad y otros más complicados que necesitan atención por personas profesionales. Y también está el aspecto social. Las viviendas, y especialmente las de una capital en la que la práctica totalidad son pisos, no tienen capacidad para alojar a dependientes, una habitación extra para los cuidados y otra para el cuidador profesional. Las familias, y en concreto las mujeres, son las que acaban ocupándose de la persona dependiente las 24 horas. ¿Es ese un modelo justo? ¿Es ese el modelo de atención de las personas mayores que defienden los partidos del Botànic? ¿No será mejor empezar a crear plazas de residencias, públicas, privadas o mediopensionistas, pero alguna?
