Los primeros meses de 2022 se han saldado la con la cifra récord de empleos generados para personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana, rozándose las 3.000 contrataciones y con un crecimiento del 8% respecto a tiempos prepandemia. Es una gran noticia que los profesionales con discapacidad estén formando parte de la recuperación económica, un hecho que sin duda refleja el creciente compromiso del tejido empresarial valenciano. Tras dos años duros, durísimos, en los que se ha constatado la vulnerabilidad de todas las personas, valores como la empatía y la cooperación han salido a relucir, impulsando las estrategias de diversidad, equidad e inclusión y las iniciativas para «no dejar atrás» a las personas más vulnerables. Digno de mención es también el efecto de la Ley General de la Discapacidad, que exige a las organizaciones de más de 50 trabajadores la obligación de incorporar un porcentaje de profesionales con discapacidad no inferior al 2%. Tras 40 años de andadura, esta normativa ha logrado instalar la contratación de personas con discapacidad en la agenda empresarial; es más, muchas compañías comienzan a vislumbrar esta obligación legal como una oportunidad para generar excelencia, mejorando el clima laboral, la productividad y los resultados.

Sin embargo, junto a estos claros también se alzan oscuros. El primero lo encontramos en la aún exigua participación laboral de las personas con discapacidad, que apenas alcanza el 34% en nuestra Comunidad. En otras palabras, el 66% de las personas con discapacidad en edad de trabajar no tiene empleo ni lo busca. El factor cultural está detrás de esta realidad, sobre todo cuando se trata de discapacidades intelectuales o problemas de salud mental. Se estima que en estos casos la tasa de actividad es aún inferior, prácticamente residual, y ello se debe a prejuicios y estereotipos muy arraigados en el imaginario social, que se convierten en grandes enemigos de la inclusión. El desconocimiento, el temor, la indiferencia y la discriminación refuerzan las actitudes de sobreprotección en el seno familiar y las reticencias por parte de las empresas, y de la sociedad en su conjunto, a la hora de incluir a personas con estas discapacidades.

Creo que tras haber dejado atrás lo más duro de la pandemia es el momento óptimo para revertir la situación y comenzar a mirar con más empatía la realidad de las personas con discapacidad intelectual y/o problemas de salud mental, circunstancias a la que todos estamos expuestos. Es necesario diseñar itinerarios de inclusión personalizados, que les doten de habilidades para competir en el mercado laboral y hacerlo desde edades tempranas, para que en la edad adulta el acceso al empleo pueda abordarse con garantías. Paralelamente, desde el movimiento social hay que hacer mucha pedagogía y una intensa labor de sensibilización en las empresas, de modo que no basen sus procesos de selección exclusivamente en habilidades cognitivas, sino que valoren las competencias emocionales y sociales como un plus que aporta valor y abre la empresa a nuevos horizontes. Desde la Fundación Adecco tenemos plenamente constatado que todos ganamos con la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental: ellas incrementan su autoestima, independencia, confianza y seguridad, mientras que las empresas fortalecen su reputación, mejoran el clima laboral, refuerzan su creatividad e innovación y se abren a nuevos mercados. Esta situación win-win produce un fenómeno de fertilización cruzada que también tiene su impacto en el entorno, incrementándose la cohesión social y la prosperidad de las comunidades. Los beneficios están claros, ahora toca pasar a la acción y conseguir que esta década se convierta, en efecto, en la década la de la inclusión: esa en la que todos ganamos. ¿Te unes a este gran reto?