Garamendi en La SER

Hace unos días fue entrevistado por Bernardo Guzmán el recientemente reelegido presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Lo primero que he de decir es que me gustó. Me gustó su tono sereno, sus formas educadas, en fin… su civilidad. Y es que corren tiempos en que estos rasgos de corrección y urbanidad escasean y, por ello tal vez, se agradecen más. También me gustó su reconocimiento a las organizaciones sindicales y al papel que en el orden social, político e institucional les corresponde, así como al que ocupan en la arquitectura Constitucional del 78.

Preguntado sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional y su efecto sobre el empleo que en su momento CEOE, pero no solo ellos, anunciaron sería catastrófico y todo parece indicar que no lo ha sido, Garamendi dijo que si el SMI no había destruido empleo sí había impedido su creación. Lo que le falto definir es qué entiende él por empleo. Porque a mí me parece que las condiciones de trabajo, incluido el salario, no pueden estar determinadas únicamente por la ley del mercado. Para que un trabajo merezca tal nombre debe estar revestido de derechos que solo pueden garantizar la negociación colectiva y los poderes del Estado. «El derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia» lo proclama el Art. 35 de nuestra Constitución.

A renglón seguido se quejó de que hubiera un creciente número de ofertas de empleo que se quedaban sin cubrir y defendió que, al igual que los españoles en su momento fuimos a trabajar a otros países (ahora también sucede), deberíamos abrir la puerta a trabajadores extranjeros para atender esa oferta vacante. Lo curioso de este argumento es que entra, a mi parecer, en flagrante contradicción con el expresado sobre el SMI: para éste se defiende la ley de la oferta y la demanda que será la que fije su cuantía o sus aumentos, pero cuando escasea la demanda de empleos que justificarían un aumento de sus salarios se acude al artificio de aumentarla con la inmigración.

Ante la falta de renovación del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva que debería fijar criterios para acordar en los convenios colectivos los incrementos salariales, dijo que la negociación está abierta, pero que en todo caso los convenios se siguen firmando y puso varios ejemplos. De acuerdo, sin embrago, con una inflación elevada y en circunstancias que aconsejan ganar seguridad, superar incertidumbres, dar confianza y fiabilidad se hace más preciso que nunca, como las organizaciones sindicales reclamamos, acordar un marco general de incrementos salariales y cláusulas de revisión que faciliten que no se alimenta la inflación y se garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. En este asunto, de momento, la civilidad se queda en las formas.

Preguntado por fórmulas para luchar contra la inflación y sus efectos, echó mano del IVA. Argumentó que la fuerte inflación estaba produciendo ingresos elevados en las arcas públicas vía ese impuesto y los cifró en 30.000 millones de euros, por lo que su propuesta era bajar el IVA. Lo sorprendente es que puso el acento de los desequilibrios de la economía española en la deuda y el déficit y, claro, es difícil resolver esos desequilibrios que tanto le preocupan si se renuncia a 30.000 millones de ingresos. La alternativa ya se sabe: menos derechos, menos ayudas a ciudadanía y empresas, menos servicios públicos; porque aunque no dejo de reconocer que la administración tiene margen para mejorar su eficiencia y con ello su gasto, no parece prudente renunciar a los ingresos del IVA confiando en que esa eficiencia nos proporcionará su equivalente con la misma inmediatez.

Se refirió al sistema de financiación autonómica y reconoció que la Comunitat Valenciana está infrafinanciada, apeló a los dos grandes partidos políticos para que se pongan de acuerdo porque este es un asunto de Estado que exige consenso, pero nada dijo sobre la deuda pública de la Generalitat y defendió el concierto vasco porque lo votamos los españoles. Se le olvidó decir que los españoles no hemos votado su cuantía. Pero en fin, no caigamos en agravios comparativos.

Dijo que el sistema de pensiones es insostenible si no se incorpora un nuevo factor de sostenibilidad, porque las cotizaciones sociales son muy altas, pero nosotros creemos que las cotizaciones deben ir contra prestaciones contributivas y nada más, como finalmente se nos ha concedido, y que en todo caso «los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad» (Art.50 de la CE).

Finalmente y entre otros asuntos, se refirió al acuerdo sobre la reforma laboral alcanzado, lo calificó de acuerdo de Estado de largo recorrido y se felicitó por sus resultados, pero criticó la decisión de la Ministra de Trabajo de alterar ese acuerdo con la introducción del control de la Inspección para la aprobación de los ERE. Una pena que no recordara cómo se aprobó la reforma laboral de 2012 en la que el PP, entonces en el Gobierno, legisló contra el acuerdo previo alcanzado en el marco del diálogo social entre CEOE, UGT y CCOO. Pero claro está, en aquel momento la autonomía del legislativo les vino de perlas.

Buena entrevista, coincidencia en las formas y en la preocupación por un clima de crispación irrespirable e irresponsable. También discrepancias, pero de eso se trata, de discutirlas, argumentarlas, defenderlas y, si es posible, resolverlas mediante el pacto. Cumplir cada cual con su parte pensando en el interés común. Veremos