Fiscales, empresas y «ecopostureo»

Probablemente hayan oído hablar en los últimos meses sobre el greenwashing, un anglicismo, uno más, (del inglés green, verde, y whitewash, blanquear o encubrir), también conocido como «ecopostureo». Aplica a ciertas acciones y pronunciamientos cuanto menos engañosos que algunas empresas e instituciones realizan sobre su actividad diaria en materia ambiental a costa de invertir millones en publicidad y mantener nutridos equipos de mercadotecnia, comunicación y relaciones públicas en vigilia permanente. Lo cierto es que este tipo de mensajes ha llegado a ser agobiante para el ciudadano/consumidor y, su abuso, cuando resulta engañoso, acaba volviéndose en contra de quien lo práctica, dañando la credibilidad empresarial que se pretendía cimentar en este tipo de anuncios.

En este contexto, Antonio Vercher Noguera, Fiscal de Sala en el Tribunal Supremo responsable del área de Medio Ambiente y Urbanismo y presidente del Consejo Consultivo de Fiscales del Consejo de Europa, acaba de publicar con la editorial Marcial Pons el libro Delincuencia ambiental y empresas, prologado por Avelino Fierro. Se trata, sin duda, de un trabajo imprescindible no solo para conocer la evolución del derecho al medioambiente, en paralelo al derecho al desarrollo económico, a partir del mandato constitucional, o para profundizar en la «última hora» normativa y jurisprudencial en materias como la delincuencia ambiental y el derecho penal económico y el delito de prevaricación en el contexto de los delitos contra el medio ambiente, siempre en relación con la actividad empresarial, sino también para anticipar tendencias en el Derecho Ambiental. El fiscal valenciano ha contribuido en las últimas décadas, de forma destacada, a dar forma al Derecho Ambiental, que nació como poco más que un enunciado en el Código Penal. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, se trata de una disciplina jurídica novedosa, o «a medio hacer», como se dice coloquialmente en el libro, en la que están entrando constantemente conductas que hasta hace poco eran únicamente objeto de una reprobación social o una infracción administrativa para derivar finalmente, si así lo considera el legislador, en un posible delito medioambiental.

Así, Vercher explica en su libro como el greenwashing está cada vez más presente en nuestra sociedad y en la actividad de un buen número de empresas convertidas recientemente a la moda de la sostenibilidad. Destaca el fiscal el impacto negativo que tiene y explica que, aunque en España no ha tenido un desarrollo normativo claro- la Ley 11/2018 de 28 de diciembre sobre información no financiera y diversidad fue una oportunidad fallida de abordar el greenwashing-, en el entorno europeo comienzan a verse movimientos que el autor califica de «interesantes». En Dinamarca, uno de los principales productores de porcino en Europa se enfrenta a los tribunales a un juicio por greenwashing y el pasado 30 de marzo la Comisión Europea lanzó una nueva propuesta de directiva que pretende acabar con las alegaciones medioambientales engañosas. Aunque es un borrador todavía, el texto obliga a las empresas a demostrar sus afirmaciones sobre la bondad ecosostenible de sus productos «con datos fiables y comparables» o a renunciar a su uso bajo la amenaza de sanciones millonarias

En cualquier caso, como ocurre con otros conceptos relativamente novedosos en relación con el medio ambiente como el de la responsabilidad penal de la persona jurídica, el sistema de compliance empresarial (programa de cumplimiento) o la due diligence (traducido como diligencia debida), son los propios ciudadanos a través de la presión popular, o los legisladores nacionales y europeos los que tienen que legislar y decidir sobre la relevancia penal de los incumplimientos. «Realmente se están produciendo supuestos de engaño colectivo y esto es algo muy serio, grave y perturbador que en algún caso puede ir más allá de lo que actualmente vemos como un posible fraude», explicaba hace unos días el fiscal Antonio Vercher.

Ciertamente urge su regulación. Estas formas de proceder, ya sean constitutivas de delito, infracción administrativa o se queden en simples conductas reprochables, contribuyen al deterioro del planeta y perjudican notoriamente a la ciudadanía pero «también a aquellas empresas que están más genuinamente comprometidas con hacer del mundo un lugar mejor y que, justo es reconocer, no son necesariamente la minoría», apunta Vercher y subrayamos con nuestra experiencia.