El bloqueo de la cuestión territorial

Uno de los principales problemas políticos de este país a medio plazo es el territorial. Prueba de ello es que, desde el 23-F de 1981, el único conflicto que ha puesto en riesgo la estabilidad del Estado es el «procés» catalán que en 2017 descarriló y fue necesario aplicar el artículo de emergencia de la Constitución, el 155, pensado para embridar a las comunidades autónomas díscolas que se desvíen del ordenamiento. En aquella ocasión, los dos «partidos de Estado» se aliaron frente a una absurda tentativa secesionista que vulneraba el principio democrático y atentaba contra la Constitución de 1978.

Posteriormente, ya con Sánchez en La Moncloa, la izquierda ha aplicado terapias de distensión y apaciguamiento al «problema catalán», que han tenido notable éxito. Se ha recompuesto la sociedad catalana, se ha normalizado la economía, el nacionalismo se ha aplacado y el «procés» se ha alejado décadas en el horizonte. En cualquier caso, la normalización catalana no ha concluido: Euskadi no ha abandonado sus pretensiones revisionistas y hay cierto consenso en la necesidad de una reforma territorial que federalice el modelo, cierre el Estado autonómico, concluya la distribución competencial y establezca un sistema de financiación equilibrado.

Pero lo grave es que esta reforma se encuentra presa en una paradoja que la bloquea por completo: por una parte, no es posible que esta empresa sea solo acometida por la izquierda. Conviene recordar que los dos grandes pactos que alumbraron el estado autonómico actual fueron suscritos por consenso; el primero, tras el 23-F, fue inteligentemente moderado por el Constitucional; el segundo fue obtenido por el presidente González y por el líder de la oposición Aznar en 1993 para acordar la transferencia de 32 nuevas competencias en un intento de igualar a las comunidades de ‘vía lenta’ con las ‘históricas’, establecer mecanismos de cooperación y hasta una decena de acuerdos. Pero, por otra parte, es impensable que pueda participar en la reforma una derecha en la que hay una potente ala ultra y desaforada que, entre otros dislates, defiende el retorno al Estado unitario de la dictadura.

La solución de este bloqueo debería ser el principal objetivo de la nueva etapa. Y no se ve cómo podría lograrse si se permitiese a Vox introducir cuñas en una revisión que a toda costa ha de mantener intacto el espíritu fundacional de la Carta Magna.

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