Una suerte de conflicto de competencias jurídicas puede acabar separando a una madre de su hijo. Es la situación que está a punto de sufrir la alcireña Silvia Ortiz, madre de Hugo, un niño de tres años que está a un trámite con el pasaporte de ser enviado a Australia. El motivo, que la Audiencia Provincial ha aceptado la decisión de la jurisdicción australiana acerca de la custodia del menor. La Justicia ha fallado a favor del padre, que reside en el continente oceánico, en solitario desde que se separó de Silvia, con un visado de estudiante. A la espera de un viraje judicial de última hora -l caso está recurrido ante el Tribunal Superior- el pequeño Hugo volverá con su padre en las próximas semanas.

Ortiz asegura que sus condiciones de vida en Australia estarían lejos de ser ideales: «El padre está estudiando y trabajando a la vez, y no podría hacerse cargo». Además el niño, que tiene nacionalidad española, tendría problemas para acceder a la sanidad o a la educación gratuita. Unas circunstancias por las que su madre considera perjudicial el traslado del niño a Australia, por lo que se ha lanzado a tratar de paralizar el viaje. También ha promovido una recogida de firmas en la plataforma change.org, que a la hora de escribir estas líneas sumaba alrededor de 350 rúbricas de apoyo.

Vida en Oceanía

El de Silvia Ortiz y su hijo trata de un caso complicado. Hugo nació en Australia, a donde sus padres se trasladaron en septiembre de 2012. Por entonces eran una pareja joven que buscaba mejorar su nivel de inglés. Acabaron prolongando su estancia al seguir con sus estudios y, en un viaje de ida y vuelta a España, se casaron. La situación en casa empeoró con el tiempo tras el nacimiento del niño y Silvia Ortiz se separó de su marido. Entonces se encontró con que tenía que abandonar el país: «Con la separación mi visado pasó a no tener validez, ya que también había acabado los estudios», explicó al respecto la joven.

Fue entonces, en octubre de 2017, cuando el menor empezó a verse metido en el problema. La pareja se separó pero no llegó a tramitar el divorcio, y los tribunales australianos determinaron respecto a la custodia compartida que el niño debía pasar día y medio con cada uno de sus progenitores. No obstante Silvia Ortiz tenía la obligación de abandonar el país, después de que no pudiese conseguir un nuevo pasaporte a pesar de intentarlo «por todos los medios». Ante la obligación de volver a España, Ortiz pidió ante la justicia australiana la custodia exclusiva de Hugo. «El juez me la concedió, por un periodo de tiempo, por considerar que el padre no podía hacerse cargo de él», señala Ortiz, debido a sus condiciones laborales.

Judicialización del conflicto

De vuelta en España, Silvia encontró trabajo rápidamente y pudo alquilar un piso en Alzira, en el que aún vive. Hugo, después de alguna dificultad burocrática, se empadronó en la localidad y empezó el primer curso de educación infantil, que ha acabado este año. Entonces llegaron noticias del padre: «Denunció una retención ilegal del menor que la justicia australiana tramitó, solicitando que se devuelva al niño a Australia. Y España se ha limitado a aplicarlo, sin estudiar el caso», lamentó ayer Silvia.

De momento han impugnado la decisión en base a otro punto de la legislación internacional, que explora las condiciones del niño. «Simplemente buscamos que la fiscalía de menores arbitre el caso, y que analice qué destino es mejor para Hugo», apunta su madre, quien piensa que el traslado del niño «vulnera» sus derechos, como progenitora. «Su padre tiene total libertad para venir, vivir aquí o trabajar. Yo allí ya no puedo ir», lamenta. El destino de Hugo queda a la espera de la decisión de los tribunales españoles.