Los comportamientos más incívicos del pleno de Carcaixent del 26 de noviembre no quedarán impunes. Como ya adelantó Levante-EMV en exclusiva, la Policía Local inició de oficio una investigación para identificar a aquellas personas que, en palabras del propio cuerpo, manifestaron «actitudes violentas». Algunos de los partes policiales tendrán recorrido judicial.
Cabe recordar que varias decenas de manifestantes abarrotaron el pleno ordinario del pasado mes para llevar a cabo una protesta contra los salarios de los políticos y el incremento del IBI; todo ello tras la campaña iniciada en las calles y a través de las redes sociales por parte de la oposición. Como resultado, el pleno se suspendió debido al alboroto y el equipo de gobierno tuvo que ser escoltado para abandonar el ayuntamiento en unas condiciones que garantizasen su seguridad.
Entre los gritos de dimisión, fueron varias las personas que lanzaron descalificaciones verbales y aporrearon el mobiliario del ayuntamiento. Varios exaltados tuvieron actitudes que la policía calificó de violentas en su parte. Acto seguido, se inició la pertinente investigación para identificar a aquellas personas que podrían haber cometido algún delito de desorden público o incluso desacato a la autoridad. Los atestados se han trasladado a la Delegación del Gobierno y uno de los agentes ha levado a la Justicia un presunto caso de amenazas, que se deberá resolver por la vía judicial.
En la sesión del lunes no se registró ningún incidente que alterase el correcto funcionamiento del pleno. La recuperación de la normalidad democrática es ahora el objetivo a seguir. De hecho, el lunes 2 de diciembre tuvo lugar una Junta de Portavoces en la que el alcalde subrayó la gravedad de los incidentes, ya que se había «perdido el respeto a la institución y la propia figura del munícipe». Asimismo, aseguró a sus compañeros de corporación que aquellos comportamientos «no podían aceptarse como normales» ya que existen «maneras civilizadas y democráticas de manifestar la disconformidad ante una decisión política».
Normas del hemiciclo
Allí trasladó su intención de llevar a cabo una serie de medidas para que los plenos futuros (como es el caso del acontecido el pasado lunes) se desarrollen con total normalidad. Una de ellas es la limitación del acceso del público en base al aforo máximo permitido, aunque también se barajó recuperar la presencia policial. También se habló de regular la participación del público en base a la normativa vigente, es decir, que éste participe en los turnos de ruegos y preguntos, mecanismo que ha existido siempre.
Por último, Francesc Salom recordó a los portavoces de los partidos la «necesidad de que los concejales tengan en cuenta el reglamento y que tengan un comportamiento ejemplar, ya que son un referente para el público asistente». Las reglas del juego no han cambiado, pero están para cumplirse.
