Los municipios de la Ribera se han puesto las pilas en el último trienio y el número de Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales ha crecido de forma exponencial. Concretamente, a lo largo del último año se han duplicado y ya solo cinco localidades carecen de este documento, que debe ser aprobado por la Conselleria de Transición Ecológica.
La presión ejercida por la Fiscalía de Medio Ambiente ha surtido efecto. A ello hay que sumar las subvenciones que se han promovido para facilitar a los ayuntamientos la redacción de los documentos protectores. Ambas circunstancias han agilizado sobremanera su tramitación, especialmente en los últimos tres años.
Desde 2005, todos los ayuntamientos con masa forestal están obligados, por ley, a contar con un plan contra incendios que, en la mayoría de los casos, tiene validez por un periodo de entre cinco y quince años y debe actualizarse pasado el periodo que corresponda. Sant Joanet es el único pueblo que está exento. Alzira en 2010 y la Pobla Llarga en 2012 fueron los municipios pioneros en la comarca en dotarse de este documento antes de un parón de ocho años y ocho meses sin que la Conselleria de Medio Ambiente tramitara ningún otro.
Sin embargo, desde 2019 la situación ha dado un vuelco radical por los motivos antes mencionados y los ayuntamiento se involucraron en la refacción de planes contra incendios forestales. En agosto del pasado año, el número de ayuntamientos de la Ribera que habían tramitado el documento y habían conseguido la aprobación del área medioambiental del Consell ascendía a 23. Es decir, en poco más de año y medio, se dio luz verde a 21 planes.
En octubre del pasado año, el departamento que dirige Mireia Mollà envió una carta para recordar a los municipios que todavía no habían cumplimentado el trámite su obligatoriedad, lo que propició un nuevo aluvión de proyectos redactados durante los meses siguientes. A principios de año la cifra ya ascendía a 29 y el sucesivo paso de los meses deja a la mayoría de poblaciones con el documento aprobado. De hecho, antes de que empezase junio ya solo quedaban cinco localidades sin plan, lo que implica haber pasado los cuarenta, la mitad de los cuales se han tramitado en el último año.
De entre los municipios que carecen de plan, el caso más significativo es el de Alginet, ya que posee más de un centenar de hectáreas de masa forestal. Le sigue, por tamaño, Sollana, donde la conselleria establece que existen 22,51 hectáreas de zonas verdes que están desprotegidas. El resto de pueblos son: Beneixida (9,58), Massalavés (6,24) y Fortaleny (2,82). En total, son 129,22 las hectáreas de terreno forestal desguarnecidas.
Tendencia similar
La evolución seguida por los municipios de la Ribera no es, ni mucho menos, extraordinaria. En el conjunto de la Comuntitat Valenciana, tan solo 61 ayuntamiento cumplían la normativa en 2019. Apenas tres años después, la cifra asciende a 370 aprobados y más un centenar todavía en proceso de tramitación.
Las previsiones para este verano, como reconocía la pasada semana el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias José María Ángel, son preocupantes. Las persistentes lluvias han llenado de matorral el monte. Lo que va de mes, pese a formar parte de la primavera, ha dejado ya múltiples días con el termómetro por encima de los treinta grados. Además, la carga de combustible sigue aumentando por el abandono de cultivos y de las prácticas asociadas al medio rural, como el pastoreo o los aprovechamientos forestales.
