Casi un centenar de municipios, instituciones y plataformas vecinales y medioambientales se han unido para solicitar la modificación del Reglamento de Costas en el primer foro de afectados por la regresión de las playas celebrado ayer en El Perelló, que reunió a una veintena de ayuntamientos y una decena de asociaciones que buscan soluciones para mantener su atractivo turístico. El catedrático de la Universidad Politécnica José Serra apostó por los cordones dunares y la construcción de espigones, diques y arrecifes para evitar la desaparición de los arenales.

El profesor universriario aportó al encuentro algunas alternativas técnicas para frenar la erosión marina. El experto abogó por «monitorizar el litoral para que los ayuntamientos sepan en cada momento qué ocurre en su costa» y apuntó que la solución pasa «por regenerar y proteger las playas y los sistemas dunares, por aportar arena, por construir espigones y diques exentos y también por diseñar arrecifes artificiales a baja profundidad para que reduzcan la energía del oleaje y lograr de ese modo que disminuya la capacidad del mar de llevarse la arena aportada».

En el origen de la regresión del litoral se sitúa la acción humana. Los hombres han alterado las leyes de la naturaleza hasta que se ha alcanzado un punto de no retorno. Las infraestructuras y el aprovechamiento turístico del litoral han introducido cambios muy significativos en las corrientes marinas y en la aportación de los sedimentos que forman las playas. En el encuentro de El Perelló se mencionó que muchos ríos han dejado de influir en la regeneración de los arenales porque las desembocadura ya no arrastran el limo y los residuos necesarios.

Tanto Salma Cantos, abogada especialista en Derecho Público, como el senador del PP Vicente Martínez criticaron el vigente Reglamento de Costas. La letrada aseguró que «las personas cuya vivienda está ahora en dominio público tienen legitimidad para reclamar y pedir acciones al Gobierno en forma de medidas de regeneración». Por su parte, Martínez propuso «replantear los deslindes del dominio público para que sean algo razonable y no lo que tenemos en este momento».

El alcalde de El Perelló subrayó que son muchos los municipios afectados por la regresión de las playas mientras que « cada vez son menos las alternativas que nos dan y pocos los fondos que se destinan», deploró Botella, que ha insistió en que los municipios que ven desaparecer sus arenales acogen cada año a millones de turistas, además de atender a cientos de miles de habitantes que viven los doce meses del año y que ven amenazadas sus casas y propiedades. «Hay que tomar medidas, plasmarlas en una nueva ley, y lo más importante, dotarla de fondos suficientes en plazos razonables», enfatizó.

El alcalde anunció que en enero de 2023 se realizará una movilización en Madrid para reivindicar medidas contra la regresión de las playas y pidió que sea «un punto de inflexión para conseguir una nueva Ley de Costas».

Frente común contra una Ley de Costas que los alcaldes consideran «confiscatoria»

Los ayuntamientos afectados mostraron ayer unidad de acción para reclamar al Gobierno la puesta en marcha de un estudio que permita reformar la Ley de Costas, tildada de «confiscatoria y puramente urbanística», para que atienda «a las nuevas sensibilidades de nuestros territorios e identidad, basadas en principios de conservación y en consonancia con la normativa comunitaria e internacional» En este sentido, plantearon la necesidad de destinar un presupuesto concreto que financie planes específicos con informes y estudios que incorporen «medidas de ingeniería suficientes, integrales e integradoras del entorno y sus habitantes que respeten los condicionantes medioambientales». Otro de los aspectos que se abordó ayer en el Perelló fue la necesidad de establecer una coordinación interadministrativa con las diferentes instituciones portuarias, las Confederaciones Hidrográficas y Costas que permita compartir datos y diseñar medidas de movilización y compensación. De igual manera, para contar con la voz de ayuntamientos, asociaciones civiles y de todos los agentes implicados, se ha propuesto la creación de un Observatorio o Foro de Trabajo Municipalista.