Cullera llenará la montaña de chalés de hasta 4 alturas para acatar la orden del TSJ

Casi 70.000 metros cuadrados de la montaña de Cullera cercanos al castillo y a los restos de la fortificación carlista de l’Alt del Fort han dejado de ser zona verde, como había dispuesto el ayuntamiento en su Plan General de Ordenación Urbana sino que recuperaran su condición de solares edificables, tal y como dispuso la ley franquista de 1965, y podrán albergar inmuebles de hasta cuatro alturas. De este modo se cumple la sentencia emitida hace 10 años por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que reconocía el derecho de los propietarios a mantener la condición de «suelo urbano consolidado» que tenían esos terrenos hasta que en 1985 el entonces gobierno municipal socialista recalificó las parcelas, que ya estaban urbanizadas, para preservar tanto el paisaje como el patrimonio histórico y monumental del paraje.

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Las empresas que habían adquirido esos terrenos con la intención de urbanizarlos recurrieron a la Justicia y subieron todos los peldaños hasta que les reconoció que las parcelas eran urbanizables porque ya contaban con acceso rodado, agua y suministro eléctrico. El último intento por parte del ayuntamiento de detener el avance del cemento, que ha convertido a Cullera en uno de los municipios de costa con mayor presión urbanística, se produjo en 2012. El consistorio modificó el PGOU para establecer que la altura máxima de las edificaciones fuera de dos plantas, pero los propietarios del suelo pidieron amparo a los tribunales y les dieron nuevamente la razón instándoles a ejecutar la sentencia.

Derechos o indemnización

Los jueces siempre han sido tajantes en esa cuestión y han advertido de manera reiterada al consistorio de que cualquier modificación del planeamiento urbanístico que pueda limitar los derechos de los propietarios, ya sea para clasificar el suelo o para disminuir del aprovechamiento reconocido, «debe ser objeto de indemnización por parte del ayuntamiento». Los tribunales, en cambio, se han mostrado más condescendientes a la hora de proteger el entorno del castillo o la muralla carlina, que están declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Una disposición adicional obliga a «facilitar la convivencia de las nuevas edificaciones con esos bienes patrimoniales».

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Las resoluciones judiciales afectan a la Urbanización Monte de San Antonio, situada a lo largo de la carretera que serpentea por la montaña hasta llegar el castillo y que discurre junto al antiguo restaurante y salón de banquetes Balcón del Júcar, y la Urbanización Monte al Fuerte, ubicada cerca de las ruinas del Fort. Dejarán de ser de ser espacios naturales, como marcaba el plan urbanístico de 1985, y podrán llenarse de viviendas unifamiliares. 

Podrán admitirse hoteles

También podrán permitirse hoteles y en una de las parcelas llegó a considerarse la construcción de un club deportivo. En cambio, el entorno del castillo será respetado. Las parcelas que vuelven a ser urbanizables están más cerca de la torre musulmana octogonal que de la antigua fortaleza. El TSJ aconsejó en su día al ayuntamiento que intentara llegar a un acuerdo con los propietarios para la transferencia del aprovechamiento a otras parcelas en zonas afectadas por los BIC o acudir a la expropiación forzosa.

Los constructores reducirán el impacto visual con cromatismo y vegetación

Las edificaciones que se construyan en las parcelas afectadas por los Bienes de Interés Cultural necesitarán un informe preceptivo y vinculante de la Consellería de Cultura. Se procurará que las nuevas edificaciones y su disposición en las parcelas que se construyan en el ámbito de afección de los BIC tengan el menor impacto visual para proteger los monumentos y el paisaje. Los colores que se utilicen en las fachadas deberán armonizarse con el entorno y también habrá que recurrir la vegetación y la jardinería.

El ayuntamiento intentó maniobrar nuevamente en 2017 en busca de una mayor protección ambiental y patrimonial, pero volvió a toparse con el TSJ, que declaró la nulidad de esas actuaciones en defensa de los derechos adquiridos por los propietarios del suelo, que no aceptaron el aprovechamiento que asignaba el consistorio a sus parcelas. El tribunal, sin embargo, admitió el perímetro de 200 metros de protección arqueológica e instó al consistorio a delimitar ese espacio junto a la Conselleria de Cultura.

Sostenibilidad económica

Durante los últimos años se ha mantenido la tramitación del expediente entre el ayuntamiento, la Conselleria de Cultura y la Comisión Territorial de Urbanismo. El informe de sostenibilidad económica ha sido el último campo de batalla. Finalmente, la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia acordó por unanimidad el 21 de diciembre de 2023 aprobar definitivamente el proyecto.