Doce educadoras de la red de «escoletes» municipales de Gandia, asesoradas por el sindicato UGT, presentaron ayer en los juzgados de la ciudad una querella contra el alcalde, Arturo Torró, y otros responsables del Gobierno local, a los que acusan de una infracción contra la Administración Pública y un delito contra los derechos de los trabajadores.
El fondo de la cuestión viene de lejos. Las trabajadoras, despedidas por el ayuntamiento en julio de 2012 y a las que se ha tenido que readmitir por sentencia judicial, ni han cobrado sus sueldos ni han vuelto a ocupar sus puestos de trabajo.
Las afectadas señalaron ayer que el motivo de actuar judicialmente por vía penal contra Torró se debe a «la burla» y «la humillación» a la que han sido sometidas en todo este larguísmo proceso.
Junto a Torró, la querella se extiende contra el director general de Asuntos de Alcaldía, Javier Reig, los concejales de Educación y Hacienda, Guillermo Barber y Marta Cháfer, «y todas las personas que hayan participado en el proceso de externalización y privatización de las escoletes», según señaló ayer, en nombre de las afectadas, el sindicalista Andrés Bertó. Además, se pretende que acudan a declarar, en calidad de testimonios, el secretario del ayuntamiento y el jefe de Recursos Humanos.
El detonante de esta querella es la impotencia e indignación de las trabajadoras al comprobar que, pese a disponer de cuatro resoluciones judiciales a su favor, el ayuntamiento no ha cumplido con esos dictados.
El consistorio adeuda más de 1,2 millones de euros en concepto de salarios atrasados y las educadoras quieren ocupar sus puestos de trabajo, pero el ayuntamiento ni siquiera ha incluido el dinero necesario en el presupuesto para poder hacer frente a sus obligaciones. Varias de las trabajadoras, que ayer estuvieron presentes a la hora de anunciar la querella, expresaron que sus familias están atravesando muchas dificultades, e incluso situaciones dramáticas.
Hace unas semanas todas ellas fueron informadas por el ayuntamiento de que iban a readmitirlas, pero inmediatamente se les obligó a «disfrutar» de sus vacaciones. Cuando aún no había terminado ese periodo, recibieron una nueva notificación comuncándoles que estaban nuevamente despedidas. En algunos casos, la nota les llegó de noche, a sus domicilios, mediante la comparecencia de una patrulla de la Policía Local de Gandia.
Andrés Puig dijo ayer que el último acontecimiento es el intento por parte del ayuntamiento de que las trabajadoras renuncien a su puesto de trabajo a cambio de cobrar la indemnización que les corresponde, algo a lo que ellas se han negado.
De la vía social a la penal
Toda esta situación ha sido considerada como «un abuso» por parte del alcalde, de ahí que se hayan decidido a dar el paso y volver a los juzgados, esta vez no por la vía del tribunal de lo social, sino el de lo penal.
Ante estas acusaciones, el Ayuntamiento de Gandia siempre se ha defendido indicando que las sentencias que se han dictado en su contra eran «de imposible cumplimiento» y ha pedido al juez que aclare qué es lo que tiene que hacer.
