Anueve meses de los comicios municipales de 2015, y con un periodo de tiempo de gobierno suficientemente amplio para analizar, es un buen momento de hacer balance de algunos aspectos de la política desarrollada en nuestra ciudad desde la entrada de la nueva corporación.
1. Paro. Aunque los últimos datos publicados de paro registrado en el SEPE indican una leve mejoría en el número de demandantes de empleo, los números no engañan: hay más parados ahora que cuando entró el gobierno del PP. A pesar de que la población en Gandia ha bajado casi un 4 % y muchos parados sin prestaciones no tienen ningún interés en permanecer en las listas, en julio de 2014 hay 734 parados más registrados que en el mismo mes de 2011. Las palabras acusatorias de Torró responsabilizando a Orengo de la situación del paro, ahora se vuelven en su contra. Él lo sabe y por ello capitaliza los meses con buenos datos para hacer declaraciones públicas alardeando de las cifras mientras que «pasa palabra» a Penalba para los meses malos. Todo un ejemplo de oportunismo político. Del tipo de empleo creado se ha dicho casi todo: temporal, a tiempo parcial y con bajos salarios. Hubo un tiempo en que el calificativo «mileurista» era un término despectivo. En estos momentos ese nivel salarial es el de la clase media muy sensible con afirmaciones del tipo «per mil euros de merda». La prudencia nunca ha sido una virtud de nuestro primer edil.
2. Impuestos y gestión tributaria. El PP construyó la campaña electoral en torno al eslogan «más empleo, menos impuestos». Si en el anterior punto ya hemos descrito el resultado de lo primero, lo segundo es todavía peor: en el pleno extraordinario de octubre de 2012 se aprobó la mayor subida impositiva en la historia reciente de la ciudad. Cualquier impuesto, tasa o precio público fue incrementado de forma significativa con el argumento, según Barber, de «reducir el déficit y hacer frente a la deuda financiera». El resultado, a día de hoy, es bien conocido: déficits abultados y deuda sin pagar. Todo un compendio de eficacia. Por otro lado, el instrumento municipal de recaudación tributaria (OGIR) fue transferido a la Diputación, con el argumento de mejorar la eficiencia recaudatoria y dotar de liquidez a las arcas municipales mediante el adelanto de los importes de los tributos municipales desde la tesorería de la Diputación. Pues bien, con los datos disponibles de 2013, el porcentaje de recaudación en periodo voluntario es 4 puntos menor respecto al sistema de gestión anterior y, además, a la Diputación se le paga más de un millón de euros por un trabajo que se sigue realizado con personal del Ayuntamiento. Negocio redondo. En cuanto al otro argumento, el de la liquidez, el OGIR dispone de personalidad jurídica propia y podría haber negociado con las entidades financieras la disponibilidad por adelantado del dinero con la garantía de los propios impuestos a recaudar como colateral pignorado. Por tanto, otra milonga.
3. Deuda municipal. Desde el minuto cero el eslogan de «la herencia recibida» ha sido un mantra usado de forma tan manida como cansina. Con los datos disponibles en la web del propio Ministerio de Hacienda, la deuda viva del Ayuntamiento de Gandia en 2011, 2012 y 2013 es de 114, 173 y 234 millones de euros respectivamente.
Duplicar la deuda municipal en poco más de dos años y tratar de ocultar en el burladero de la herencia la propia incompetencia es un burdo recurso con el que la ciudadanía ya no comulga. Si en 2012 se negoció con Montoro un préstamo de 60 millones para poner el contador a cero las supuestas facturas en el cajón y un año después se vuelven a pedir otros 22 millones más, sólo tiene una explicación: caos total.
La liquidación presupuestaria de 2013 con un remanente negativo de tesorería de 21 millones y el incremento de la deuda de la empresa pública IPG, que ha pasado de 40 a 65 millones con el actual gobierno, ratifican que la situación lejos de mejorar, empeora. El descontrol nace desde la propia elaboración del presupuesto municipal, donde se hinchan artificialmente los ingresos para cuadrarlo a martillazos y salvar el trámite legal esperando que suene alguna flauta mágica. Hasta el momento, silencio y más deuda.
4. Tensión institucional. Si los aspectos económicos analizados son preocupantes, hay otro especialmente doloroso: la tensión institucional. No recuerdo ninguna legislatura con tal nivel de crispación ni revanchismo. La labor de la oposición, fiscalizando al gobierno de turno, siempre se ha desarrollado de forma dura y contundente en cualquier gobierno anterior pero nunca se la castigó retirándole salarios y secretaría de grupo con el fin de impedir su misión. El esperpento de votación donde la concejala Gavilá levanta la mano a favor de retirar las asignaciones económicas a compañeros de corporación que en la anterior legislatura levantaron la suya votando a favor de que se le dieran a ella, es un ejemplo de hasta dónde puede llegar una situación tan innecesaria como grotesca y abre la veda a peligrosas actuaciones futuras. La bipolaridad entre el puño de hierro y mandíbula de cristal demostrada de forma recurrente por el PP con la oposición no es más que una extensión de la situación impuesta en el propio grupo municipal, donde quien manifiesta criterio propio es marginado (o enviado a Madrid), como confiesan en conversaciones privadas algunos concejales.
A nueve meses de las elecciones municipales, al irrespirable clima en la corporación municipal se une una delicadísima situación económica como consecuencia de una pésima gestión que se inició con la quimera del «coste cero» y que nos ha llevado al colapso financiero. Como no tiene visos de cambiar, lo único cierto será lo de los 300 millones de deuda pero con una diferencia: será la que deje el PP en Gandia cuando abandone el gobierno municipal. Alejarse dolosamente de la realidad como recurso de supervivencia política ha llevado a considerar un éxito el «patada a seguir» el año de carencia en el pago al Estado del dinero prestado por el plan a proveedores. En realidad, sólo el hecho de ser del mismo color el gobierno municipal y el central ha evitado la intervención del ayuntamiento por parte del Ministerio de Hacienda.
