La deuda económica que el Gobierno del PP de Gandia dejará a la Corporación que surja de las elecciones municipales del 24 de mayo será peor que la que había hace ahora cuatro años, cuando el PSPV-PSOE abandonó el ejecutivo local tras seis legislaturas ininterrumpidas en la alcaldía.
En estos cuatro años de Arturo Torró al frente del ayuntamiento se ha seguido gastando más de lo que se ingresaba. Se ha incumplido la ley al no devolver a los bancos más de cincuenta millones de euros en créditos y la próxima legislatura comenzará sin que el Ministerio de Hacienda haya autorizado la refinanciación de esa deuda. Para colmo de males, el Gobierno gandiense acaba de reconocer que no puede pagar cientos de facturas pendientes, y por ello anuncia que se acogerá a un nuevo rescate financiero, el tercero desde el año 2012, que llegará, previsiblemente, en el mes de septiembre.
En tan agónica situación se encuentran las arcas municipales que se ha tenido que pedir al Ministerio de Hacienda un adelanto de cuatro millones de euros, con cargo a los tributos del Estado de 2015, para abonar facturas antes de las elecciones municipales.
Todos estos temas se trataron en los dos plenos celebrados el jueves pasado, cuyo aspecto estrella era la refinanciación de 133,5 millones de euros de créditos bancarios a 20 años y con un interés del 1 %. Lo que inicialmente se apuntaba como una buena noticia tiene la pinta ser un fiasco. Un informe del interventor, ocultado a los grupos de la oposición hasta después del pleno, viene a concluir que el acuerdo votado por el PP no servirá para nada.
«La propuesta realizada no cumple la normativa del Ministerio de Hacienda», indica dicho documento, que añade que el Ayuntamiento de Gandia no ha cumplido todas las indicaciones para no gastar más de lo que ingresa, cierra todos sus presupuestos en negativo, la deuda es superior a lo previsto en la ley e incumple el periodo medio para pagar las facturas.
En medio de esta la situación, nada hace el Gobierno local del PP para facilitar información que permitiría conocer la situación real de la economía local. A mes y medio de las elecciones municipales, y después de casi cuatro años de gestión, el alcalde de Gandia sigue ocultando la Cuenta General del año 2013, la liquidación del presupuesto de 2014 y los informes de morosidad de los dos últimos trimestres. Facund Puig, concejal de Compromís, ha confesado estar harto de pedir insistentemente esos documentos pleno tras pleno, y sospecha que lo que Arturo Torró quiere es ocultarlos hasta que pasen las elecciones municipales para no revelar el desastre financiero que augura en el ayuntamiento.
A falta de conocer los detalles de esos informes, el interventor adelanta algunos aspectos y ya ha comunicado a los concejales que la Cuenta General de 2013 y la liquidación del presupuesto de 2014 son negativos. De la morosidad, el mismo Gobierno del PP reconocía hace seis meses que tiene más de 30 millones de euros en facturas sin pagar. Y ni se sabe las que tiene pendientes la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG).
Una deuda astronómica
En esa situación, el ayuntamiento que salga de las elecciones municipales de mayo deberá afrontar el peor escenario posible. A falta de saber a cuántos millones ascendería el tercer rescate que ha anunciado el alcalde, nadie duda de que Gandia rondará los 300 millones de euros en deudas. Cuando el PP tomó las riendas del Gobierno local esa cifra no llegaba a los 200 millones, contando los datos del ayuntamiento y de IPG. La deuda de Gandia se situará en la friolera de casi cuatro mil euros por habitante.
Este catastrófico escenario está «dentro de la lógica» si se tiene en cuenta que, pese a criticarlo en la pasada legislatura, no se ha renunciado a obras costosísimas, como el recientemente inaugurado retén de policía local, que ha costado más de seis millones de euros, ni se han cumplido las condiciones que el Ministerio de Hacienda imponía en los sucesivos rescates. Servicios públicos como el SaforBici, l'Urbanet y los polideportivos siguen siendo altamente deficitarios.
En el informe que se trató de ocultar a la oposición en el pleno del jueves el mismo interventor señala que Gobierno local del PP no ha querido aprobar en esta legislatura todas las medidas de control fiscal y financiero, el incremento de ingresos y la reducción del gasto que el Ministerio de Hacienda le ha exigido desde que, en marzo de 2012, aprobó el primer rescate de 60 millones de euros.
En eso Gandia es una excepción. En mayor o menor medida, el resto de municipios de la Safor que se acogieron al rescate han reducido la deuda que heredaron.
Cierto es, también, que el ministerio de Montoro tampoco se ha atrevido a intervenir las cuentas de Gandia, como habría podido hacer de acuerdo con las leyes y decretos aprobados durante estos cuatro años para intentar evitar que los ayuntamientos cometan desmanes económicos que los ciudadanos, de una u otra manera, tendrán que pagar durante años. En el caso de Gandia, durante décadas.
Reacciones políticas
Como ocurre en estos casos, la valoración política del pleno es radicalmente distinta según el color. Para el PP los acuerdos adoptados el jueves pasado supone «refinanciar la deuda socialista» y convertir el ayuntamiento en una entidad «económicamente viable». Para el PSPV-PSOE la gestión del PP obligará a subir impuestos y eliminar servicios públicos. Para Compromís, Gandia entra en una fase de «economía de guerra» que durará muchos años.
