Las urnas dieron el 24M un vuelco al mapa político que ha vuelto a dejar en el terreno de la incógnita el futuro de la planta de tratamiento y valorización de residuos proyectada en Llanera de Ranes.
La instalación, pensada para tratar unas 145.000 toneladas de basura al año generadas por una población de 300.000 vecinos de 5 comarcas, entre ellas la Safor, es la única que resta por construir en la provincia de las contempladas en la Ley de Residuos aprobada por la Generalitat en el año 2000.
El Consorcio de Residuos (COR) parido por el PP para gestionar el área de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida, el Valle de Ayora y la Safor adjudicó en 2009 a la UTE Vytrusa la macroplanta de Llanera, acompañada de un gran vertedero de rechazos. Sin embargo, la falta de consenso entre los partidos de izquierda y el PP, las disputas internas en el propio seno de la formación popular y las dudas técnicas sobre la ubicación de la infraestructura han retrasado la puesta en marcha de la instalación.
El proyecto de Llanera continúa en fase de tramitación administrativa, pendiente de que el gobierno autonómico examine los informes de los distintos organismos de control, revise la batería de alegaciones formuladas y resuelva la autorización de impacto ambiental. Los pronósticos contemplados por el COR antes de las elecciones apuntaban a que «en el mejor de los casos» los trámites necesarios podrían estar zanjados en agosto para que las obras se iniciaran en septiembre.
El resultado postelectoral ha alejado ese optimista escenario de la realidad. La izquierda es mayoritaria en todas las instituciones. PSPV y Compromís no solo controlarán la Generalitat y la diputación, sino también la mayor parte de los ayuntamientos y, por ende, el propio COR. Ambas formaciones, contrarias a las instalaciones previstas en Llanera y partidarias de un nuevo modelo de gestión de la basura, mantienen la voluntad de explorar la posibilidad legal de frenar la construcción de la planta para contemplar otras alternativas de gestión de los residuos y los alcaldes de las comarcas presionan en ese sentido.
Que el Ayuntamiento de Llanera también haya sido objeto de un cambio de signo político añade incertidumbre. La UTE adjudicataria precisa de la licencia de obras del consistorio para ejecutar la actuación, pero el nuevo alcalde de la localidad, Vicente Lluch (Ciudadanos), se ha mostrado partidario de revisar el proyecto y de someterlo a una consulta ciudadana.
El principal escollo al que se enfrentarían las formaciones progresistas para cumplir con su promesa electoral de frenar la instalación lo representa la indemnización por lucro cesante que podría demandar la concesionaria si el millonario contrato se rescinde.
