La sección sindical de Comisiones Obreras (CC OO) en el Ayuntamiento de Gandia ha denunciado ante los tribunales la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) aprobada por el Gobierno local de Gandia el pasado mes de julio para nombrar a diecinueve cargos de confianza, también llamado personal eventual.
Se trata de un coordinador del Gabinete de Alcaldía, un Secretario Comunicación de Alcaldía, el Defensor del Ciutadà, dos coordinadores del Gabinete de Prensa municipal, cuatro asesores de los grupos políticos, uno por cada partido con representación en el consistorio, otros cuatro secretarios de grupo y seis asesores para concejales del Gobierno local.
Los sueldos brutos anuales de todos ellos oscilan entre los 15.000 y los 42.000 euros, y en total suma 656.000 euros, si bien a día de hoy se tiene que descontar el cargo del Defensor del Ciutadà y uno de los asesores del Gobierno local, que aún no han sido nombrados.
En el recurso interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Valencia, CC OO señala que para llevar a cabo esa modificación de la RTP e incluir los nuevos puestos de trabajo no se produjo ningún tipo de negociación con los agentes sindicales representados en el ayuntamiento, de manera que constituye una ilegalidad. De mantenerse ese criterio por parte de la autoridad judicial, quedaría suspendido el acuerdo y, en consecuencia, los nombramientos quedarían sin efecto.
Según ha podido saber este periódico, la acción judicial realizada por CC OO ha causado sorpresa en el Gobierno local del PSPV-PSOE y la coalición Més Gandia por cuanto en ningún momento el sindicato se ha dirigido previamente a los responsables municipales para advertir de la posible ilegalidad y, en su caso, solicitar la convocatoria de una mesa de negociación.
Todos esos cargos son de naturaleza eventual, de manera que pueden ser destituidos por la alcaldesa de la ciudad, y cesan automáticamente cuando finalice el mandato corporativo.
Los también llamados «asesores» del gobierno realizan sus funciones en muchos departamentos del ayuntamiento, pero siempre bajo la supervisión de la alcaldesa o el concejal del gobierno, y también de los grupos políticos para los que trabajan.
Aunque el PP criticó el elevado coste de los sueldos, el Gobierno local reveló, con datos en la mano, que en conjunto se había reducido la factura de loa «asesores» en un millón de euros al año, dado que en la pasada legislatura el Gobierno de Arturo Torró pagaba a muchos de ellos a través de la empresa IPG o de otras mercantiles interpuestas.
