Los políticos del Ayuntamiento de Gandia van a seguir protagonizando la crónica judicial en los próximos meses a la vista de la gran cantidad de causas que, en esta ciudad o en los tribunales de Valencia, e incluso de Madrid, están abiertas o en fase de investigación a raíz de las denuncias que, fundamentalmente el PP y el PSOE, han presentado en los últimos años contra sus oponentes políticos.
Pese a que en las últimas semanas dirigentes del PP, entre ellos el propio exalcalde Arturo Torró y el concejal y diputado en las Corts, Víctor Soler, han solicitado una «pax» judicial y que se dejen de presentar demandas, lo cierto es que ni ellos mismos han hecho caso de sus palabras y la pasada semana Torró anunciaba otra querella contra la alcaldesa socialista, Diana Morant, por considerar que vulneró derechos de los trabajadores de la empresa municipal IPG y que usó indebidamente documentos de la misma.
A la espera de que se formule esa querella, los jueces decidan investigar, en estos momentos son siete los casos relevantes que bajo, el nombre de Ayuntamiento de Gandia o de la empresa pública IPG, llenan las carpetas de los tribunales.
La más antigua de las causas responde a la denuncia que Arturo Torró anunció en noviembre de 2011 contra su antecesor, José Manuel Orengo, al considerar que desvió para gastos ordinarios una subvención del Ministerio de Industria destinada a construir un centro de innovación e investigación. Transcurridos cinco años, están inmersos en ese procedimiento, aunque sin acusación judicial, el propio Orengo y quien fue su número dos en el Gobierno local entre 2007 y 2011, Fernando Mut. De hecho, Mut dimitió de la dirección provincial de Ciudadanos en Valencia a la espera de que los jueces dictaminen su responsabilidad en los hechos.
Donde sí está imputado Orengo, así como quien fue su concejala de Hacienda, Ana García, es en la querella por prevaricación que Torró presentó contra ambos al considerar que entre 2007 y 2011 firmaron créditos con los bancos, por valor de decenas de millones de euros, sin contar con la preceptiva autorización de la Generalitat. Esa imputación es la que ha impedido a Orengo asumir un papel más relevante en la política valenciana a partir de la formación de los gobiernos del PSPV-PSOE y Compromís, tanto en la Generalitat como en la Diputación. El exalcalde socialista tampoco iba en las listas de las elecciones de mayo de 2015.
Muchas más son las causas que afectan al exalcalde del PP, Arturo Torró, por su gestión en la legislatura 2011-2015, si bien hasta el momento no figura como «imputado», sino como «investigado», según la terminología aprobada recientemente. Empezando por la última, hace dos semanas declaró, junto a Javier Reig, por la «operación aplauso», aquella en la que compró, por 6,7 millones de euros, la galería comercial del hotel Gandia Palace. El juez investiga en este caso si Torró pudo cometer algún delito al perdonar 1,3 millones de euros en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles a la empresa propietaria, lo que le permitió disponer de propiedades que habían sido embargadas por el ayuntamiento precisamente para asegurarse el cobro.
En la Audiencia Nacional de Madrid también está Gandia. El juez Eloy Velasco, que investiga la trama «Púnica», que afecta a alcaldes y concejales del PP y el PSOE, citó a declarar a Torró tras detectar posibles amaños de uno de los implicados en la red de corrupción con una empresa de Gandia que se benefició de contratos sin publicidad concedidos por Torró. También figura en ese expediente el concejal y diputado del PP Víctor Soler, aunque, por su condición de aforado, si declara lo hará cuando la causa pase al Tribunal Superior de Justicia.
En un juzgado de Gandia está abierta otra causa, denunciada por el PSOE, que afecta a los contratos que Arturo Torró realizó con Tele 7, una emisora local a la que destinó 1,5 millones de euros. Los socialistas consideran que, en realidad, Tele 7 fue adquirida por empresas del entramado del exalcalde del PP y que después, cuando llegó a presidir el Gobierno local, le inyectó una gran cantidad de dinero. La denuncia está admitida y sigue su curso.
En fase de denuncia también está abierto el expediente contra Torró por desobediencia al no haber cumplido las sentencias judiciales que obligaban al ayuntamiento a pagar las indemnizaciones y a readmitir a las trabajadoras de la red municipal de «escoletes» infantiles que fueron despedidas ilegalmente en junio de 2012. La denuncia fue presentada por los socialistas.
El último caso conocido tiene que ver con la denuncia presentada, también por los socialistas, sobre una presunta financiación irregular del PP de Gandia. En esta ocasión se aportan correos electrónicos de personal de confianza de Torró en el ayuntamiento y en la empresa IPG que apuntan a un presunto trato de favor hacia un empresario que se ofreció a «perdonar» facturas al PP si cobraba las del consistorio. El empresario, con quien habló este periódico, evitó aclarar si había percibido del PP el dinero que le adeudaba, pero sí está acreditado que cobró de IPG algunos de los trabajos realizados.
