Dos son los aspectos que, según estiman los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Gandia, impiden que en este momento que se pueda cumplir el convenio que se firmó con el Arzobispado de Valencia y la Universitat Politècnica de València para la gestión del Museu de Santa Clara.
En aquel acuerdo, de enero de 2015 y que permitió la apertura de la sala, el consistorio se comprometió a crear una plaza de director-conservador. El arzobispado señaló que la persona elegida debía ser Joan Aliaga o Nuria Ramón, que desde entonces han ejercido de conservadores del museo.
El problema es que el Plan de Ajuste Económico que el ayuntamiento aprobó junto al Ministerio de Hacienda para afrontar la enorme deuda municipal heredada de anteriores legislaturas le impide, expresamente, incrementar la plantilla de funcionarios. De hacerlo, el interventor emitiría un informe en contra y el Ministerio de Hacienda incluso podría anular ese acuerdo por afectar a la estabilidad económica municipal.
En segundo lugar, desde el ayuntamiento se ha transmitido al delegado del arzobispado, Ximo Company, que, aunque fuera posible la creación de esa plaza funcionarial, la ley permite que se puedan presentar cuantas personas deseen, siempre que cumplan los requisitos establecidos. No se puede, por lo tanto, establecer unas bases «ad hoc», pensadas exclusivamente para que alguien previamente señalado alcance el cargo. Además, resulta obvio pensar que un puesto así, para dirigir un museo de arte franciscano, es muy apetecible para muchos expertos en la disciplina del arte religioso antiguo que competirían con el «candidato oficial».
El Gobierno local de Gandia señala que, justo por eso, busca fórmulas que hagan compatible la ley con el acuerdo para la gestión del museo, pero en ese lapso el arzobispado se ha llevado las obras de arte y ha generado el conflicto.
