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Gandia

Hacienda obliga a cerrar la fundación que gestiona los locales de la Escola Pia

El organismo autónomo redujo a más de la mitad su presupuesto durante la pasada legislatura

Hacienda obliga a cerrar la fundación que gestiona los locales de la Escola Pia

El Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro ha remitido una comunicación al Ayuntamiento de Gandia en la que le obliga a cerrar la Fundación Leandro Calvo al ser esta deficitaria. Se trata de un organismo autónomo que depende del consistorio gandiense y que está formado, además de por la administración local, por la congregación de los padres escolapios. Su función es la de gestionar los alquileres de los locales ubicados en los bajos del edificio de la Escola Pia, que pertenecen a esta orden religiosa.

En estos espacios hay oficinas municipales como la sala de exposiciones Coll Alas, la UNED o la oficina de Comercio, previsto que se convierta en la de Turismo en las próximas semanas.

Hace unos días, Montoro envió cartas a varios ayuntamientos españoles en los que les instaba a cerrar «en quince días» todas las empresas públicas y organismos deficitarios, entre ellos no incluyó a la de Gandia, IPG, porque ya está en liquidación pero sí a la Fundación Leandro Calvo.

Según explicaron fuentes del Gobierno local, el motivo de esta situación viene de los años del PP. Apuntaron que el Ejecutivo que dirigía Arturo Torró rebajó en más de la mitad el presupuesto destinado a la fundación. En 2014, por ejemplo, último presupuesto aprobado por los populares, apenas se apuntaron 23.000 euros para este organismo, un dinero a todas luces insuficiente para hacer frente a los gastos que genera.

De hecho, para el recién aprobado presupuesto se han previsto 60.000 euros, que iban a servir para hacer frente a la deuda.

Desde el consistorio apuntan que el cierre de esta entidad no supondrá un gran quebranto ni tampoco obligará a cerrar los servicios. Si bien, ahora habrá que buscar el encaje administrativo para poder seguir haciendo frente a los alquileres.

El ayuntamiento ha pedido una prórroga del plazo de dos semanas que le ha dado el Estado al considerar que con quince días no es posible liquidar el organismo.

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