La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia acaba de revocar el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia que, el pasado mes de mayo, archivaba la querella presentada por un extrabajador del Ayuntamiento de Villalonga que acusa al alcalde, el socialista Enric Llorca, de prevaricación por «enchufar a afines» en la brigada municipal. Los hechos denunciados se remontan al año 2013.
Esta resolución, conocida ayer, obliga a retomar la causa judicial para determinar si, como estima el denunciante, hubo «enchufismo» en la brigada después de que Llorca echara a algunos trabajadores y que, además, lo hiciera de forma ilegal e irregular.
Con la aportación de nuevos documentos e informes por parte del trabajador que presentó la querella, la Audiencia de Valencia rebate al juzgado de Gandia y considera que es «un hecho objetivo» con visos de realidad, que se cometieron «irregularidades administrativas». Entre ellas, los magistrados señalan que «consta la prohibición de contratar y de ampliar la plantilla» del Ayuntamiento de Villalonga, y que, pese a ello, el alcalde, «procedió a realizar unas contrataciones totalmente irregulares, fuera de todo procedimiento», un hecho agravado por estar precedido «del despido anterior de otros empleados con la excusa de la falta de presupuesto económico». En eso, la Audiencia de Valencia asume los argumentos del denunciante y considera que existen «indicios evidentes y sospechas de posible responsabilidad penal».
Finalmente, los jueces entienden que existe una «enemistad manifesta, reconocida por ambas partes» entre el alcalde de Villalonga y el trabajador que fue despedido y que acabó denunciándole, lo que, a su entender, «añade más datos incriminatorios» contra la primera autoridad local, al considerar que posiblemente el alcalde actuó así justamente por motivos personales.
Con este auto de la Audiencia de Valencia la causa vuelve a abrirse para determinar si hubo delito en esos presuntos «enchufes» realizados en 2013 para trabajar a cuenta del ayuntamiento.
En su defensa ante el juez de Gandia que inicialmente archivó la querella, Enric Llorca dijo que no se había cometido irregularidad alguna en todo el proceso para contratar al encargado de la brigada de obras.
Durante aquella declaración, Llorca incluso señaló que esta denuncia se debe a una «persecución» contra su persona por parte del extrabajador y de otras personas por motivos políticos.
Llamó la atención que, el pasado mes de abril, cuando el alcalde de Villalonga fue citado a declarar como investigado en este caso, difundió su asistencia al juzgado con un bando público.
