Alisa Oreviceano y José Marín pueden respirar hoy un poco más tranquilos porque tanto ellos como sus tres hijos de 10, 9 y dos años y medio, siguen teniendo un techo bajo el que dormir, al menos durante un tiempo. La casa en la que viven de ocupas en el barrio el Pinet de Oliva, de la que ayer iban a ser desahuciados, está muy lejos de ser ostentosa. Todo lo contrario, la mayoría de paredes en su interior están desconchadas, hay baldosas levantadas, humedades y los muebles se limitan a tres camas juntas en el salón, ubicado en la misma entrada, y un viejo sofá. Si está algo decente es porque ellos mismos, con ayuda de familiares, han realizado algunos remiendos.
La familia habita desde hace un año esta vivienda que es propiedad de una entidad bancaria. Sin trabajo ni ningún tipo de ingresos desde hace más de dos, en febrero de 2017 y a sabiendas que llevaba tiempo vacía decidieron ocuparla, después de que la casa en la que vivían, propiedad de la familia de él, sufriera un incendio.
La empresa interpuso una denuncia y ayer era la segunda ocasión que intentaban desahuciarlos después de que en junio pasado ya se vieran en la misma situación. La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de la Safor, conocedora del caso, organizó una concentración ante el inmueble, que, al final, fue crucial para que el juez paralizara el lanzamiento. En apoyo de la familia acudió también el concejal de Servicios Sociales de Oliva, Àlex Salort.
«Aún queda solidaridad», señalaba un emocionado José cuando Joan Cogollos, cabeza visible de la PAH en la Safor, anunciaba, a voz en grito, la decisión de no seguir adelante con el procedimiento.
Unas treinta personas, entre familiares, amigos y personas vinculadas a la plataforma, se personaron ante la casa conocedores de la delicada situación del matrimonio. De los tres pequeños, uno está enfermo después de sufrir una meningitis y derrame cerebral el pasado verano. Desde entonces, el pequeño necesita todas las atenciones y le temen hasta al más mínimo resfriado por si pudiera derivar en consecuencias más graves para su salud.
Los pocos ingresos con los que cuentan los cinco miembros de esta familia provienen de lo que sacan de vender en el mercadillo apenas una vez por semana. Según explicaba la mujer, Alisa, están a la espera de poder entrar en el programa del Banco de Alimentos de Oliva. «Fui el año pasado y me dijeron que tenía que ir este para poder entrar. Ahora estoy preparando los papeles», apuntaba la mujer.
El concejal Salort, por su parte, explicó a este periódico que el ayuntamiento tenía prevista una alternativa en el caso de que la familia hubiera sido finalmente sancionada, la de darles cobijo en un hostal «hasta que se les encuentre una solución habitacional», indicaba. El edil explicó que la secretaria autonómica de Vivienda, Rebeca Torró, era conocedora de la situación de Alisa y José «y estamos esperando que nos den una respuesta y busquen una vivienda que solucione el problema de la familia», indicaba.
El afectado, José, por su parte, proponía una ayuda municipal para poder arreglar su casa, que fue pasto de las llamas.
El desahucio estaba previsto para las 11 de la mañana. Minutos antes se habían desplegado varios efectivos de la Guardia Civil, aunque en ningún momento se acercaron a la concentración ni llegaron a actuar. Sobre las 11.15 horas aparecía la comisión judicial con la paralización del desahucio. José se mostraba agradecido a todos los presentes y decía que «este apoyo que hemos tenido demuestra que no estamos solos».
