La inmensa mancha de territorio inundable en la comarca de la Safor que ha fijado un polémico decreto del Gobierno de España ya está empezando a tener consecuencias muy directas en política urbanística y de construcción de edificios sensibles.
El Ayuntamiento de Piles, que desde hace veinte años está esperando el proyecto para sustituir el viejo y obsoleto colegio público Josep Pedrós por otro nuevo que reúna las condiciones adecuadas a la enseñanza actual, va a tener que pelear con la Administración para que se le apruebe el proyecto, dado que, en estos momentos, está en vía muerta.
Tanto la norma estatal como las que fija la Generalitat en aplicación del riesgo de inundación consideran inaceptable que el futuro centro escolar se construya al lado del barranco de Beniteixir, que constituye el principal riesgo de inundación para los cascos urbanos de Piles y de su playa.
El ayuntamiento, que considera el colegio como una de sus prioridades, ya está negociando con la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar para desbloquear el proyecto, cuya parcela, según los mapas de inundabilidad, quedaría bajo el agua con lluvias de un periodo de recurrencia de 500 años.
Según señala el alcalde, David Morant, son varias las medidas correctoras que se están planteando para superar el problema. Entre ellas, la más significativa sería elevar unos ochenta centímetros la rasante del solar municipal, que tiene cerca de ocho mil metros cuadrados. Así, ante un eventual desbordamiento del barranco sería más difícil alcanzar el nivel en el que estaría el colegio.
En segundo lugar, la Administración también podría exigir la construcción de un muro alrededor del centro escolar, que quedaría en una especie de isla a salvo del agua desbordada. Otras medidas, así como la aprobación de planes de actuación y evacuación ante emergencias podrían llevar a los técnicos de la Generalitat y de la Administración del Estado a tolerar la construcción del futuro colegio Josep Pedrós.
El alcalde de Piles reconoce que, en este momento, la norma más restrictiva es la aprobada por el Gobierno de España, que entró en vigor hace poco más de un año y que no fue consensuada, ni siquiera negociada, con los ayuntamientos y la Generalitat.
Oliva acude al Tribunal Supremo
Tan es así que la propia consellera de Territorio, María José Salvador, anunció la presentación de un recurso judicial para anular el decreto de Mariano Rajoy que, literalmente, anula decenas de planes generales de ordenación urbana en municipios valencianos.
Además de Piles, uno de los más afectados en la Safor es Oliva, cuyo alcalde, con el respaldo de todos los partidos políticos, ha decidido actuar por su cuenta y, siguiendo el ejemplo de la consellera de Territorio, ha presentado ante el Tribunal Supremo su propio recurso judicial por considerar que el decreto gubernamental aprobado sin consultar a nadie impide construir en buena parte de su término municipal.
