Los propietarios de las miles de viviendas diseminadas construidas ilegalmente durante décadas en municipios de la Safor, que ahora están técnicamente «fuera de ordenación», ya disponen del instrumento para legalizar esas construcciones, lo que, para la mayoría, les podría suponer el acceso a servicios básicos que ahora tienen prohibidos, como el suministro de agua potable o de electricidad.
La pasada semana entró en vigor una modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (Lotup) que, entre otros aspectos, ofrece una oportunidad para legalizar casas levantadas en suelo no urbanizable.
El asunto es de gran interés no solo para los propietarios, sino también para un buen número de ayuntamientos. Simat y Tavernes de la Valldigna, Gandia, Palma de Gandia, Villalonga, Oliva o Font d'en Carròs están en los primeros puestos del ránking de municipios con viviendas ilegales. Solo en Gandia, cuyo departamento de Urbanismo ha iniciado el proceso para legalizar el área denominada Cases de l'Algar, se han detectado 63 ámbitos susceptibles de acogerse a la normativa aprobada por la Generalitat y acabar con el limbo jurídico de las casas construidas.
Eso sí, para evitar que esta ley anime nuevas construcciones ilegales, quedan fuera de la posible regularización todas las casas levantadas desde el año 2015 en adelante.
La fórmula ofrecida por la Administración autonómica son los llamados «planes de minimización de impactos». El primero, que se plantea como el más sencillo, es el colectivo. A propuesta de los propietarios o de los ayuntamientos se puede perimetrar la superficie en la que se asientan las viviendas ilegales y, previo diagnóstico, aprobar las obras necesarias para que dejen de contaminar, reduzcan su afección sobre el entorno, en el caso de que sea suelo de interés ambiental, y dispongan de servicios mínimos.
En la Safor, la zona más deseosa de ejecutar un proyecto así afecta a la Llacuna de Villalonga. Desde hace décadas los propietarios esperan los trabajos para disponer de electricidad, algo imposible porque la ley, hasta ahora, lo impedía. El ayuntamiento inició hace cerca de diez años un plan de minimización que se quedó por el camino y que ahora podría retomarse al amparo de este cambio legislativo.
También Simat de la Valldigna puso interés en activar este proceso en algunas de sus áreas construidas sin licencia, como el Pla de Corrals, según señaló su alcalde, Víctor Mansanet, cuando se aprobó el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
La modificación de la Lotup ofrece a los propietarios una ventaja nada desdeñable. Si se inician los trámites para un plan de minimización en su zona, quedarán sin efecto los expedientes de infracción o de demolición, excepto cuando esa orden haya sido ratificada por una sentencia judicial.
Técnicos consultados por este periódico señalan que la ley urbanística modificada obliga, en primer lugar, a radiografiar la situación de las casas. No será igual aquellas que únicamente estén en suelo no urbanizable, que se considera un inconveniente menor, que las que se hayan levantado en suelo forestal, áreas sometidas a algún nivel de protección o, quizás lo peor, en suelo inundable. En este último caso se tendrán que requerir estudios a la Confederación Hidrográfica del Júcar porque, si no se elimina el riesgo de quedar bajo el agua, no podrán conseguir la legalidad.
Minimización individual
Teniendo en cuenta que a partir de ahora los ayuntamientos también quedan autorizados para poner dinero, los planes de minimización colectiva deberían ser los más habituales en los próximos años en la Safor. Pero la modificación de la Lotup también contempla la «minimización individual», a la que se podrán acoger propietarios cuyas viviendas estén aisladas y considerablemente separadas de los núcleos urbanos. En esos casos el principal inconveniente es que el dinero para las obras debe correr a cargo, mayoritariamente, de ese único propietario, un factor que sin duda frenará a la mayoría de ellos.
Rebeca Torró, hasta hace unos meses directora de Vivienda de la Generalitat y concejala en el Ayuntamiento de Ontinyent, uno de los más afectados por casas ilegales diseminadas en su término, ha señalado que el cambio legislativo «culmina muchos años de trabajo para hacer posible una solución legal a las diferentes casuísticas del diseminado» en aquella localidad, algo que, obviamente, es exportable al resto de municipios de la Comunitat Valenciana.
Tras añadir que «este es un problema que el PP no quiso resolver cuando tenía mayoría absoluta en las instituciones», Torró destacó que la nueva Lotup ofrece herramientas jurídicas a todos los que quieran regularizar lo que popularmente se conocen como las «casetes» repartidas por zonas no urbanizables.
