El Ayuntamiento de Gandia ha terminado por abonar la considerable cifra de 150.000 euros a los abogados del exalcalde del PP, Arturo Torró, y de quien fue el gerente de la empresa Iniciatives Públiques Gandia (IPG) durante su mandato, Gonzalo Morant, a raíz del archivo de la causa que, de oficio, abrió contra ambos el Tribunal de Cuentas.
Este organismo investigó las transferencias de capital del ayuntamiento a IPG durante la pasada legislatura, un dinero que no tuvo su posterior regreso a la caja municipal porque el Gobierno local lo destinó a proyectos.
En esta legislatura el Gobierno local, formado por PSPV-PSOE y Més Gandia, se sumó a la causa del Tribunal de Cuentas, pero posteriormente optó por retirarse del procedimiento alegando que se había abierto otra causa penal en un juzgado de Gandia, solicitando el archivo. Con el beneplácito de la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas dio carpetazo al asunto, no sin antes dar un disgusto al ayuntamiento, al que condenó a pagar las costas, también de las generadas a las dos personas, Torró y Gonzalo Morant, que fueron investigados.
Torró y Morant presentaron documentos con gastos por valor de 75.163 euros cada uno, y el departamento de Hacienda, previa verificación de los gastos, ya ha remitido el dinero a las cuentas corrientes de ambos.
Si la causa en el Tribunal de Cuentas quedó archivada por petición del ayuntamiento, después también se archivó la abierta por vía penal en un juzgado de Gandia, de manera que esas millonarias transferencias de capital han quedado sin reparos legales.
«El dinero lo tendrían que pagar la señora Morant y Salvador Gregori porque es una vendeta política», dijo ayer Torró.
