Salvador Gregori, coordinador de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Gandia, preguntó ayer si Arturo Torró va a devolver el dinero que se gastó en abogados cuando era alcalde y si en esa factura también incluirá los 25 millones de euros que, según dijo, se han tenido que pagar en sentencias judiciales perdidas por el anterior Gobierno local del PP.
Gregori hizo esas declaraciones después de que, como publicó ayer Levante-EMV, Torró animara al responsable de Economía y a la alcaldesa de la ciudad, Diana Morant, a pagar de su bolsillo los 150.000 euros que el consistorio ha tenido que pagar a su abogado y al de Gonzalo Morant por el proceso, archivado, en el que el Tribunal de Cuentas investigó las transferencias que el ayuntamiento hizo a la empresa municipal IPG en la pasada legislatura.
«Si Torró quiere que paguemos los miembros del Gobierno, ¿a quién del PP le tenemos que reclamar los más de 25 millones de euros en sentencias judiciales y los 6 millones de euros en concepto de intereses de demora fruto de la desastrosa gestión de la pasada legislatura?, se preguntó Gregori.
El dirigente justificó el juicio del Tribunal de Cuentas en el hecho de que al Gobierno local del PSPV-PSOE y Més Gandia «no nos parecía normal que se traspasara dinero del ayuntamiento a IPG mientras de dejaba de pagar a los proveedores del consistorio». «Eso se hizo para alimentar la oscura maquinaria con que se abonaron todas las barbaridades que se hicieron», concluyó.
