El Ayuntamiento de Gandia ya dispone del aval judicial para poder tomar posesión del edificio de la calle Perú 57. Se trata del inmueble situado frente al instituto Tirant lo Blanc que está ocupado ilegalmente en su practica totalidad. Quitando unas pocas familias que sí que habitan en él de forma regular y con su contrato de arrendamiento, el resto accedió mediante el procedimiento de la patada a la puerta.
Una sentencia judicial acaba de dar la razón al ayuntamiento en su litigio con la empresa concesionaria del edificio, que ha incumplido sus compromisos con el consistorio. Ese inmueble está construido sobre suelo municipal. En el año 2006, el consistorio lo cedió a la mercantil con el objetivo de que levantara viviendas destinadas a personas mayores y jóvenes. Sin embargo, con la llegada de la crisis, el edificio quedó abandonado y a merced de los ocupas, que lo fueron habitando.
El ayuntamiento ha denunciado la situación, pero no la empresa, no se había podido actuar contra las ocupaciones porque la justicia solo lo hace cuando son los propietarios quienes lo solicitan.
Esa situación ha generado problemas de convivencia, hasta el punto de que hace dos años tuvo lugar una reyerta entre clanes familiares que acabó con un fallecido. A este tipo de inconvenientes se le suma la cantidad de desperfectos que sufre el edificio y que el ayuntamiento cifra en 500.000 euros. El concejal de Contratación y presidente de la Junta de Distrito de Corea, José Manuel Prieto, explicaba ayer, sin embargo, que lo más probable es que esta cifra haya quedado desfasada y sea más. Todo, sin contar los desperfectos de las viviendas.
Como la empresa incumplía con todo lo que le exigía el ayuntamiento, la administración local presentó un recurso en el que reclamaba que el inmueble pasara a ser de su propiedad y, por ende, poder tomar posesión y regularizar la situación.
Esta misma semana se conocía que el TSJCV le daba la razón al consistorio. Por tanto, en la Junta de Gobierno local del próximo lunes se levantará la suspensión que pesaba sobre el decreto de toma de posesión (dictada también por un juez) y se espera que la semana siguiente ya lo haga de forma oficial con presencia de la Policía Local. «A partir de este momento, el ayuntamiento ya puede actuar en terrazas, pasillos, accesos, etc», indicaba Prieto.
A partir de ese momento, empezará el proceso para sacar a los ocupas. Para ello, se tendrá que poner en conocimiento de la justicia la situación de esas familias, a no ser que estas accedan a abandonar el edificio antes a indicación de los agentes. Si no es así, mientras algún juez o jueza no lo dicte no se podrá proceder al desalojo de las viviendas .
Las que tengan su situación regularizada no deberán preocuparse, porque el ayuntamiento les buscará acomodo en otra vivienda municipal.
Aunque el edificio llegó a estar ocupado en su totalidad, se estima que actualmente está al 40%. Los cálculos son que habitan allí unas 33 familias.
Los problemas de convivencia se han reducido de forma considerable porque, si bien el ayuntamiento no podía actuar en el interior por no ser propietario, sí que había reforzado las medidas de seguridad en el exterior.
Una vez vacío, el consistorio pretende destinar el edificio a usos dotacionales educativos, no sin antes reparar todos los desperfectos que presenta.
