A las puertas de cuatro citas con las urnas para elegir al Gobierno de España, a los alcaldes, al presidente de la Generalitat y al Parlamento Europeo, el Partido Popular de Gandia advirtió ayer al Gobierno local del PSPV-PSOE y Més Gandia que no dudará en denunciar las campañas de «autobombo» que se lleven a cabo a partir de ahora, porque vulneran la Ley de Publicidad Institucional aprobada en mayo del año pasado por les Corts Valencianes.
Los concejales Víctor Soler y Vicent Gregori entienden que, de hecho, el Ayuntamiento de Gandia ya ha infringido esa ley en al menos tres ocasiones. La primera, cuando cargos públicos, entre ellos la alcaldesa, Diana Morant, y el concejal Nahuel González, participaron recientemente en la entrega de llaves de los nuevos pisos de Simancas. La segunda, en la difusión de una carta, firmada por la alcaldesa y la vicealcaldesa, Lorena Milvaques, sobre el inicio de las obras de demolición del antiguo hospital y la próxima construcción de un centro de salud en esa zona. Y, la tercera, con la primera piedra del edificio de la Quadra de Beniopa, que ahora está en obras.
Víctor Soler señaló ayer, apoyándose con la lectura de artículos de la ley aprobada, que la carta de Morant y Milvaques sobre las obras del futuro centro de salud de Roís de Corella es «ilegal», que encima incluye críticas al anterior Gobierno local del PP y que, por eso, exige conocer quién la ha aprobado, amén de reclamar que se paralice la distribución.
Los dos concejales populares reconocieron que posiblemente ha habido un desconocimiento de la ley, que está en vigor desde hace menos de un año, pero advirtieron de que, a partir de ahora, su grupo «llevará ante la justicia» cualquier actuación que suponga promocionar proyectos usando dinero público.
Efectivamente, la Ley de Publicidad Institucional promovida por el Consell que dirigen PSPV-PSOE y Compromís y aprobada en les Corts es, a criterio de los expertos, una de las más restrictivas de toda España, y está pensada para que nadie pueda usar recursos de la Administración en promocionarse políticamente.
Basándose en esa norma, que obviamente es de obligado cumplimiento para todas las instituciones, han pasado a ser «ilegales» hasta los actos de colocación de la primera piedra, a la que se suman con profusión de imágenes los políticos de todos los partidos. La ley señala que únicamente se puede mantener la difusión de actuaciones o proyectos que hayan finalizado, y siempre para que los ciudadanos tengan conocimiento de su existencia.
Prieto: «Dentro de la ley»
Claro que, en esta cuestión, también va a haber interpretaciones. Ayer, en respuesta a las palabras de Soler y Gregori, el portavoz del PSPV-PSOE de Gandia, José Manuel Prieto, señaló, refiriéndose a la carta para explicar el proyecto del antiguo hospital y futuro centro de salud, que la carta de Diana Morant y Lorena Milvaques es «información a los vecinos» y que, por lo tanto, «está dentro de los márgenes» de la ley.
Para Prieto, los vecinos tienen derecho a saber «cuál es la incidencia que tendrá la construcción del Espacio Sanitario de Roís de Corella y su afección sobre la vía pública», dado que se tienen que cortar varias calles para ejecutar los trabajos.
Prieto aprovechó las críticas del PP para retrotraerse cuatro años atrás y recordar que quienes ahora denuncian esta situación «gastaron ocho millones de euros en publicidad institucional» que calificó como «books de fotos del gobierno» de aquella legislatura.
