El primer intento para crear lo que hoy es la Mancomunitat de Municipis de la Safor se produjo en noviembre de 1974. El régimen franquista estaba dando sus últimos coletazos -el dictador moriría un año después-, y las ansias de libertad eran ya irrefrenables. En ese contexto de querer modernizar las instituciones y homologarse a Europa nació la idea de constituir una entidad supramunicipal, con la ayuda de la Diputación de Valencia.
Los alcaldes de 28 municipios (sin la Valldigna) ya habían solicitado al presidente de la Diputación la redacción de un plan comarcal de ordenación territorial. De forma paralela, ese mismo mes, Oliva propuso crear una Mancomunitat de la Safor-sud pero la Diputación la quiso abrir a toda la comarca.
En una sesión celebrada el 17 de enero de 1975 en Beniarjó, con varios alcaldes y secretarios municipales, se designó una comisión para redactar los estatutos. Como servicios fundamentales se proponía la recogida de la basura, la gestión del matadero, la extinción de incendios y la limpieza viaria.
La propuesta fue enviada a Madrid, a través del Gobierno civil, pero acabó siendo rechazada.
El pasaje, que no es muy conocido, se detalla en el reverso un mapa de la Safor de 1984 que ha reeditado el Arxiu Històric Municipal de Gandia, dentro de la colección «Cartografia històrica de Gandia i la Safor», y con motivo del 40 aniversario de la creación del ente comarcal. El texto, elaborado por el arquitecto Alberto Peñín y el historiador Jesús Alonso, revela que, además de los activistas cívicos y culturales, desde las instituciones también había quienes deseaban materializar ese sentimiento de comarca tan arraigado que siempre ha caracterizado a la Safor.
Mientras los políticos locales, desde el ámbito público, insistían y no renunciaban a constituir el ente comarcal, los técnicos hicieron una labor más discreta, pero también eficaz. Y es aquí donde adquiere protagonismo el Departamento de Urbanismo de la Diputación de València, impulsado en 1971 por el arquitecto gandiense Alberto Peñín. «Insistí en crearlo no como un negociado ni un servicio, sino como un departamento con un carácter multidisciplinar para abordar planes comarcales», recuerda Peñín para este reportaje. De ahí salió el de la Safor, en primer lugar y como experiencia piloto, y luego también el de las Riberas (alta y baixa) y la Serranía. El equipo estaba compuesto por arquitectos, pero también por sociólogos, economistas y abogados. Se inspiraron en la propuesta de división comarcal de Joan Soler y otros autores como Rafael Ninyoles. Cabe recordar que en aquella época, como diría el poeta Martí i Pol, «tot estava per fer», incluso la delimitación y el nombre oficial de las comarcas. Aunque con el tiempo se comprobó que no todo era posible.
La Corporación provincial la presidía entonces Perelló Morales, un economista que tenía una voluntad reformista, si bien le duró bien poco, hasta que el presidente del Gobierno Arias Navarro decidió cortar por lo sano en febrero de 1974. Le sucedió Ignacio Carrau, de nuevo férreo defensor del centralismo y espectador de los cambios democráticos hasta los primeros meses de 1979, los últimos de las corporaciones franquistas. En marzo de 1978 se había constituido el Consell Preautonòmic, presidido por el socialista Albiñana.
El departamento estuvo activo hasta finales de los ochenta, si bien fue perdiendo fuelle hasta convertirse en una asistencia técnica a los ayuntamientos más pequeños. También les dio tiempo a elaborar un catálogo de espacios naturales y un inventario de patrimonio artístico e histórico de la provincia para su protección.
Pero, en la cuestión territorial, el objetivo de Alberto Peñín y de su equipo, hasta donde le dejaran los políticos, era que las mancomunidades o los entes comarcales tuvieran competencias en el diseño y en el planeamiento urbanístico, aunque luego las licencias las otorgaran los ayuntamientos. «Algo parecido al Reino Unido, donde los condados tienen estas facultades, y siguiendo un programa de participación pública y democrática», puntualiza. De hecho, son ideas que aprendió durante su estancia en Londres en los años cincuenta.
La cuestión no estaba exenta de polémica porque los municipios querían reservarse las competencias urbanísticas en exclusiva.
Así pues, en la Safor, después de unos debates intensos pero ilusionantes y productivos, los 31 ayuntamientos, poco después de las primeras elecciones democráticas publicaron un «Documento de Consulta» (1979) con una serie de propuestas de actuación, entre ellas el trazado de la autopista, la red viaria, la protección de espacios naturales y urbanos, o los nuevos estatutos de la Mancomunitat. Fue un documento que tuvo una gran divulgación, ya que por primera vez se recopilaban datos socioeconómicos relativos a la Safor.
Aquél intento de «PGOU comarcal» ya evitaba, por ejemplo, una continuidad edificada en las playas, unas rondas de circunvalación alternativas a la autopista o una ubicación más razonable de dotaciones y polígonos industriales. De haber prosperado, quizá la historia hubiera sido diferente. Al menos sí fue un éxito colectivo, recuerda Peñín, que la autopista AP-7 se construyera por el interior y no por la costa, ya que inicialmente el «supercaminal» estaba previsto entre Oliva y Gandia y sus playas.
Finalmente, en octubre de 1979, con representantes de los ayuntamientos democráticos, se constituía la Mancomunitat de Municipis de la Conca de la Safor, que siguió adelante con los planes territoriales. El resultado fue el «Documento Comarcal de la Safor, 1983», publicado en 1984, que ponía fin al trabajo de la Diputación, ya que el Consell de Lerma, en 1982, asumió las competencias urbanísticas al tiempo que prometió homologar administrativamente las comarcas, algo que nunca se produjo y sigue durmiendo el sueño de los justos, porque supondría la desaparición de las diputaciones y la pérdida de competencias municipales.
