Las administraciones públicas han destinado más de cinco millones de euros en el último año para reparar los daños que provocó el incendio forestal en el término de Gandia, tanto en ayudas directas a los particulares afectados como en trabajos de restauración ambiental, en suelo público y privado. A esto habría que añadir otras aportaciones económicas que se hayan hecho a los ayuntamientos de Pinet y de Llutxent.
La declaración de zona emergencia por parte del Gobierno de España, la diligencia del Consell del Botànic en este asunto y el hecho de que se demostrara que el fuego se produjo por causas naturales -la caída de un rayo latente- han sido fundamentales para recibir una inversión inédita en estos casos.
Para los daños en propiedades se van a destinar 2,2 millones de euros, de los cuales el 20% se los quedará el Ayuntamiento de Gandia para infraestructuras públicas, y el 80% restante se repartirá en indemnizaciones a los vecinos, según unos criterios objetivos. El plazo para que estos presenten la documentación todavía no ha acabado, lo hará el 30 de septiembre, y es entonces cuando se tendrá una idea de la magnitud exacta del problema. Los funcionarios del departamento municipal de Urbanismo tendrán este otoño la ingente tarea de verificar los expedientes y las facturas, por lo que el cobro de estas ayudas todavía podría demorarse varios meses.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Gandia ha empezado a tramitar esta misma semana la devolución del IBI de 2018 a los afectados, coincidiendo con la liquidación del ejercicio, exención fiscal que también se unirá el Impuesto de Actividades Económicas.
