Las administraciones, todas, deberían reflexionar sobre el funcionamiento de la justicia en España y hasta qué punto sirve a los ciudadanos o a los colectivos a la hora de hacer que se cumplan sus derechos fundamentales.
Lo señalan vecinos de la plaza del Castell y calles adyacentes de la playa de Gandia, y lo reconocen técnicos y políticos del Ayuntamiento de esta ciudad, a cuenta de lo que ha ocurrido con las molestias, y las denuncias, que se interpusieron por la generación de ruido en esa zona.
El ayuntamiento todavía está esperando un informe de la Generalitat para la definitiva ejecución de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia valenciano que obliga a declarar Zona Acústicamente Saturada (ZAS) ese espacio de la playa y, por lo tanto, a adoptar cuantas medidas sean necesarias para reducir el ruido que se genera junto a los edificios de viviendas.
Lo primero que sorprende es que las primeras denuncias de los vecinos, especialmente los que habitan en los bloques de edificios denominados Gardenia, datan del año 2005 y, por lo tanto, están a punto de cumplirse quince años del conflicto.
Pero es que, además, cuando el ayuntamiento vendrá a ejecutar la sentencia de la ZAS, previsiblemente en unos meses, ya casi no será necesario. La mayoría de los pubs y locales de ocio nocturno que estaban en el origen del ruido en esa zona ya han cerrado. Ahora apenas quedan unos pocos y los vecinos reconocen que las molestias en absoluto son lo que eran.
En gran parte, el problema se ha solucionado al margen de la sentencia de la ZAS. El Ayuntamiento de Gandia, después de muchas peticiones y de denuncias, adoptó hace años una política de mano dura para atajar el ruido. Suspendió la concesión de nuevas licencias para locales de ocio, de manera que si alguno de ellos cerraba ya no podía volver a abrir. Impidió que ningún local dispusiera de autorización para terrazas y, con ello, el consumo de bebidas en la calle. Se negó a incluir la plaza del Castell y alrededores entre las autorizadas para que, en determinadas fechas y durante el verano, se pudiese cerrar una hora más tarde. Eso obligaba a los locales a clausurar a las 3.30 de la madrugada.
Cientos de multas en la zona
Pero quizás lo más efectivo fue la actitud de la Policía Local, que recibió instrucciones para ser inflexible en los controles. En los últimos años ha habido cientos de actas y de denuncias a personas que generaban ruido, hacían botellón, consumían alcohol en la calle, circulaban con los 'coches discoteca' o simplemente vociferaban a altas horas de la madrugada.
También hubo muchas denuncias a los locales que superaban el horario de cierre o incumplían alguna de las normas fijadas para reducir el nivel de ruido.
En realidad, lo que la ejecución de la sentencia de la ZAS deja pendiente, y es lo que ahora estudia el ayuntamiento, es si todavía limita más el horario de los locales que quedan. Ahora cierran a las 3.30 de la madrugada y se podría pasar a las 3, e incluso a las 2.30. Los propietarios de los pubs estiman que eso supondría la puntilla definitiva a su negocio y desembocaría, más pronto que tarde, en el cierre definitivo.
Negociación con los afectados
Los concejales de Seguridad Ciudadana y Urbanismo, Nacho Arnau y Josep Alandete, respectivamente, están ahora al frente de la negociación que se mantiene con los vecinos afectados. Y, aunque reconocen que el problema en absoluto es el que era y el que generó las denuncias y la sentencia, añaden que el ayuntamiento no tiene otra opción que cumplimentar las medidas de la ZAS para que el ruido no vuelva a ser un problema en la zona.
