El Ayuntamiento de Gandia es más que consciente de que el precio de la vivienda en la ciudad está desbocado. Especialmente sangrante es el caso del alquiler, que, según los últimos indicadores, se encuentra en máximos históricos. Al mismo tiempo, conoce de sobra que hay muchas personas, preferentemente los más jóvenes, que con sus salarios no pueden asumir, en muchas ocasiones, lo que se les pide para poder tener su propia vivienda, aunque sea en régimen de arrendamiento.
En esa tesitura, una de las máximas que se han propuesto desde los departamentos de Urbanismo, en manos del vicealcalde Josep Alandete, y de Vivienda, que dirige Amparo Victoria, es la de buscar fórmulas para abaratar los precios y que más vecinos y vecinas de la ciudad tengan acceso a una vivienda en unas condiciones dignas, esto es, que no precisen dedicar prácticamente todo su sueldo a pagar el alquiler.
Entre las diferentes vías que se están explorando, una de las que más fuerza toma y más a mano tiene el ayuntamiento es la de sacar a subasta solares municipales para que empresas que estén interesadas construyan edificios de viviendas de protección oficial o destinados al alquiler social.
Alandete y Victoria se reunieron hace unos días con Camilo Peiró, presidente de la Asociación de promotores y constructores de la Safor, y Javier Ribes, que es el tesorero de esta misma entidad. También estuvo presente en el encuentro la directora del Instituto Valenciano de Edificación, Begoña Serrano, y el presidente de la Asociación de Promotores Públicos del Suelo, Enrique Bueso. «El ayuntamiento tiene la intención de trabajar las distintas modalidades contractuales para la construcción de vivienda protegida y vivienda social en las parcelas públicas», señalaron ayer a través de un comunicado.
En el encuentro los responsables municipales pusieron sobre la mesa el estudio del registro de demandantes de viviendas de la Generalitat, donde queda más que evidenciado que la mayoría de los que solicitan el acceso a un inmueble se decantan por el alquiler antes que por la compra.
Estos datos permiten a los diferentes departamentos implicados hacer un boceto sobre el futuro de la ciudad en materia de vivienda. Desde los departamentos de Urbanismo y Vivienda se analizará, por tanto, la viabilidad de las promociones de alquiler en las parcelas municipales. De momento, el objetivo es poner al servicio de los promotores solares ubicados en la urbanización de les Foies, entre la ciudad y el Grau, y en Santa Anna, en el mismo entorno en el que está prevista la construcción del Palau de Justícia.
Desde el ayuntamiento confían que este edificio destinado a los servicios judiciales sirva para dinamizar la zona y se convierta en un espacio atractivo para los constructores, pero también para las familias a la hora de ponerse a vivir. «La inversión del Palau de Justíca, próxima a los 18 millones de euros, en el distrito de Santa Anna podría suponer un auténtico revulsivo para reactivar el sector de la construcción», indicaban desde el consistorio.
Al final de la pasada legislatura, el departamento de Urbanismo que dirigía entonces Vicent Mascarell inició un procedimiento para adjudicar un solar a una empresa interesada en régimen de cooperativa interesada en construir un edificio. Incluso se llevó a cabo un concurso destinado a arquitectos para el diseño de este edificio. Estas fórmulas abaratan el precio de la vivienda porque los socios son los promotores y los futuros inquilinos, por lo que no tienen ánimo de lucro.
