El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido la suspensión del desahucio de una familia de Oliva con tres menores y solicita al Estado que intervenga al respecto. Han adoptado esta medida cautelar para evitar que se desaloje a la familia, que no dispone de otra alternativa habitacional en la que vivir.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de La Safor-Valldigna (PAH) había puesto esta situación de la familia de Oliva en manos del Comité de la ONU, quienes se han pronunciado esta misma semana solicitando al Estado que se paralice el desahucio. El principal argumento que alegan es «evitar posibles daños irreparables» a la familia, que se encuentra en un estado de vulnerabilidad considerable.
Amparo y su marido viven en Oliva junto a sus tres hijas menores. Se vieron obligados a ocupar un piso que es propiedad de una entidad bancaria. Dada su situación, los Servicios Sociales municipales elaboraron un informe en el que se acreditó que la familia «se encuentra en riesgo de exclusión social». Este mismo informe indicó que la familia «necesita más tiempo para poder encontrar otra alternativa habitacional donde vivir, ya que en la actualidad no la tienen».
La PAH solicitó que se paralice este deshaucio y que no se vulnere el derecho de esta familia a tener una vivienda. Cabe la posibilidad de acordar un alquiler social con la entidad bancaria propietaria de la casa, ya que la familia «está dispuesta a pagar un precio asumible acorde a su situación».
