En la misma sentencia que la Audiencia de València absolvió a las dos exalcaldesas de Benirredrà, Loles Cardona y Cristina Gutiérrez, en la llamada «trama de las asesorías» iniciada por la Fiscalía Anticorrupción, también se ha absuelto al secretario-interventor de este mismo ayuntamiento, José Antonio Momparler, que se vio envuelto en el mismo proceso.
Así, el tribunal considera que las actuaciones del habilitado nacional, llevadas a cabo en el ejercicio de su cargo en la entidad local, no son constitutivas de delito alguno, pese a haberse producido inicialmente su imputación.
La sentencia recoge que no consta acreditado que el secretario-interventor de Benirredrà «tuviera conciencia de que la actividad mercantil desarrollada por el acusado Rafael Parra», administrador de la empresa externa implicada en la supuesta contratación irregular «fuera incompatible con su condición de funcionario público», que en ese momento prestaba sus servicios en el Consorcio de Museos. Asimismo, la resolución señala que el secretario municipal «no tenía conciencia de infringir el procedimiento legal aplicable, ni de colaborar en una contratación arbitraria o contraria a derecho», eximiéndole. por tanto, de cualquier reproche penal.
Esta decisión ha sido celebrada por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital-València), entidad que lamenta que, en ocasiones, «se impute a los funcionarios por el mero hecho de serlo, presumiéndose su implicación en irregularidades acontecidas en el Ayuntamiento por el puesto que ocupan», según afirma Vanesa Felip, presidenta de Cosital Valencia y secretaria del Ayuntamiento de Gandia.
Felip asegura también que los Habilitados Nacionales «conocen de los expedientes que se someten a su conocimiento, pero no de todo cuanto ocurre en la Corporación donde trabajan ni de las motivaciones que mueven el actuar del personal con el que se relacionan en su puesto».
