El Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (SGPMA) de Gandia tramitó durante el año 2019 un total de 651 mandamientos judiciales relativos a personas condenadas a prisión, con el fin de que sus respectivas penas fueran conmutadas por otras diferentes a entrar en la cárcel. De estos expedientes, 436 se concretaron en trabajos en beneficio de la comunidad. La oficina ya gestiona un 12% del total de órdenes judiciales de este tipo en la provincia de València.
Son los principales datos que arroja el balance anual de esta oficina, que tiene poco más de un año de vida, ya que se inauguró el 4 de diciembre de 2018. Está situada en la avenida del Grau, en lo que fue la antigua sede de IPG, una planta baja cedida por el ayuntamiento tras decidir el cierre de la empresa pública.
En cuanto a los delitos más comunes, un 80% corresponden a los que atentan contra la seguridad vial, por ejemplo por conducir ebrio, con exceso de velocidad, con el carné caducado, por conducción temeraria, o por negarse a someterse a la prueba de alcoholemia. A continuación le siguen los delitos y faltas por violencia de género, en este caso cometidos, lógicamente, sólo por hombres, como pudiera ser el quebramiento de una orden de alejamiento. A mayor distancia están las penas relativas a lesiones y delitos contra el patrimonio.
Los mandamientos judiciales tramitados en la oficina de Gandia para realizar trabajos en beneficio de la comunidad fueron 436, desglosados en los siguientes delitos; contra la seguridad vial (227), por violencia de género (143), por lesiones (33), por delitos contra el patrimonio (14) y por otros motivos, 19.
Por su parte, aquellos que se conmutaron por una suspensión de condena fueron 32, de los que 11 fueron por violencia de género, 5 por delitos contra la seguridad vial, 2 por lesiones y 14 por otros motivos. Por otra parte, la oficina dio por finalizados o archivados un total de 280 expedientes.
Cabe matizar, a efectos estadísticos, que estos mandamientos pueden llegar en forma de sentencias, autos o ejecutorias, y que una misma sentencia puede dar lugar a más de una condena.
Estos trabajos pueden acompañarse de terapias (que duran unos 10 meses) y talleres de sensibilización en materias concretas, de un par de meses. Los de seguridad vial se imparten en el mercado de abastos, en Alcodar.
Falta personal
En España las SGPMA dependen de Prisiones, y a su vez de un centro penitenciario o de un Centro de Inserción Social (CIS). A cada una le corresponde un número de empleados públicos diferente, en función de su carga de trabajo.
En la de Gandia, el día de su inauguración se anunció que también atendería a usuarios de la Marina, y en principio así está previsto, pero hasta la fecha sigue siendo Alicante el centro de referencia para estos penados. La razón es que Gandia todavía no hay suficientes funcionarios para ello. Por otra parte, se prevé que en breve se incorpore un psicólogo que asumirá el ayuntamiento.
Con todo, el caso de Gandia es singular y es que se trata de la única oficina de estas características que no está en una capital de provincia, algo que se puede considerar un éxito, y se logró gracias a las facilidades que puso el Gobierno local para que se instalaran en la antigua sede de IPG. «Esto nos permite tener más cercanía con el penado, con funcionarios que hablan valenciano, que conocen el terreno... La relación es menos distante», afirma el director de la oficina, Miguel Ángel Martínez.
