El Juzgado de Instrucción número 1 de Gandia ha abierto la investigación derivada de la querella que el esposo de la vicealcaldesa de Oliva, Ana Morell, ha interpuesto contra el alcalde de esta ciudad, y socio en el Gobierno local, David González, de Compromís, al que acusa de prevaricación administrativa.
En los trámites realizados hasta ahora, el juzgado que lleva el caso ha desestimado la petición de David González de sobreseimiento de la causa, por lo que le cita a declarar, en calidad de investigado, el próximo 11 de marzo, acompañado de su abogado.
Como ya publicó este periódico, en esta querella el esposo de la vicealcaldesa socialista acusa al alcalde de Compromís de haber cometido un delito de prevaricación por haberle retirado la licencia de obras de la vivienda familiar. A juicio del querellante, y también es opinión de la propia Ana Morell, David González llevó a cabo esa acción a pesar de contar con informes técnicos que avalaban la licencia de obras concedida, y que firmó el decreto con una clara intencionalidad de persecución política.
El alcalde, en cambio, dijo cuando se hizo pública esta querella que el expediente de infracción urbanística abierto a la vivienda familiar de Morell era complejo, y por eso pidió un informe jurídico externo que avalaba la retirada de la licencia.
Si este proceso judicial ya resulta sorprendente, por cuanto se trata de una licencia de obras retirada por el alcalde a la vivienda de la vicealcaldesa, más todavía lo es en el ámbito estrictamente de la política. David González y Ana Morell son los dos cabezas del Gobierno local que se formó después de las elecciones municipales del año pasado, y ambos han acordado que, al menos de momento, esta tormenta judicial no afecte al normal funcionamiento de las áreas del Gobierno olivense.
El mismo 11 de marzo también ha sido citado a declarar un técnico del departamento de Urbanismo de Oliva, en calidad de testigo, cuya valoración se considera clave en este proceso judicial para determinar si la retirada de la licencia de obras se fundamentó en criterios técnicos, y legales, o si el alcalde se extralimitó en esa función y pudo cometer delito.
