El Ayuntamiento de Oliva ha pedido la colaboración ciudadana para poder atender la actual demanda de vivienda social y también prepararse ante la acentuación de ese fenómeno debido a la crisis económica que está generando el covid-19.
El departamento de Bienestar Social que dirige Yolanda Balaguer, a la vista de que los bancos siguen muy reacios a poner a disposición de esas familias los pisos que tienen en stock, se ha dirigido a los vecinos que disponen de pisos vacíos para destinarlos a esta finalidad social.
Según señala la concejala Balaguer, en estos momentos existen unas cuarenta familias de Oliva que están en espera de alquilar una vivienda a precios bajos, pero muchos propietarios, y tampoco las inmobiliarias, dan respuesta a esa demanda porque los futuros usuarios no dan garantías de poder abonar las mensualidades o son familias desestructuradas. Este fenómeno se produce en casi todos los municipios.
La «oferta» del ayuntamiento a los propietarios de pisos vacíos, que necesariamente deben ser económicamente asequibles, incluye que el consistorio se convierte en mediador de toda la operación de alquiler. El departamento de Servicios Sociales se pondría en contacto con el propietario y con el futuro inquilino para formalizar el acuerdo y posteriormente haría un seguimiento con la finalidad de garantizar que se cumplen todos los compromisos. En caso contrario, la vivienda volvería a manos de sus dueños.
«Como muchos bancos no lo hacen, pensamos en dirigirnos a los ciudadanos», señala Yolanda Balaguer, quien explica que se ha dado a conocer esta medida, todavía en fase incipiente, a todos los grupos políticos municipales. Además, el ayuntamiento se ha puesto en contacto con la Conselleria de Vivienda, que ha aplaudido este programa y se ha mostrado dispuesta a participar. Dice Balaguer que en el departamento de la Generalitat que dirige el vicepresidente Rubén Martínez Dalmau lo ven como una alternativa en una ciudad donde no se dispone de vivienda pública.
Condiciones que no se cumplen
El destino de los pisos que los propietarios pueden poner en esta bolsa son personas y familias que requieren una vivienda digna pero no pueden optar al alquiler en renta libre. En esa situación están muchos jóvenes a quienes se les pide un contrato de trabajo, un depósito de dinero y otras condiciones que muchos no pueden cumplir. Eso ya ocurría antes, pero ahora, con la crisis del covid-19, se ha acentuado en todas las ciudades, y la lenta recuperación económica augura que aún puede empeorar.
El programa para intentar usar las viviendas vacías de particulares que las ceden para familias sin recursos es pionero en la comarca de la Safor, y de su resultado dependerá que se pueda extender a otras localidades y sirva para personas que «viven» en la calle o en casas que tienen condiciones.
