A lo largo de la historia se ha demostrado que todo proceso de avance tecnológico deja atrás a muchas personas que se pierden ese paso porque se consideran incapaces de realizarlo debidamente. Eso mismo está pasando ahora con la llamada «sociedad digital», ese «avance» en el mundo de la tecnología para realizar decenas de gestiones y trámites que, con el confinamiento generado por la pandemia del covid-19 y la posterior «nueva normalidad» que se vive ahora, se ha acelerado notablemente. Muchas acciones que antes se podían gestionar de forma presencial ahora quedan solo a merced de los ordenadores o los teléfonos inteligentes, y es ahí donde una parte importante de la población, mayoritariamente personas de avanzada edad, se han quedado en el camino. Ese problema, que supone la exclusión de quienes se quedan como «analfabetos tecnológicos», está siendo detectado por todas las Administraciones, pero especialmente las más cercanas, que son los ayuntamientos. En los últimos diez días Gandia y Oliva han acabando por reconocer públicamente que existen vecinos a quienes necesitan atender porque, por sí mismos, son incapaces de realizar trámites que, en muchos casos, son indispensables.
Entre ellos una simple gestión para que se le devuelva a dinero por un curso o actividad que la pandemia del covid-19 ha suspendido, una petición para reunirse con un concejal o un técnico o la solicitud para obtener un certificado, por ejemplo el de empadronamiento. La pasada semana, durante la presentación de los nuevos cursos de la Universitat Popular de Gandia (UPG), el director de la misma, Lluís Romero, señalaba que funcionarios municipales han tenido que destinar tiempo para atender las muchas peticiones de los inscritos del año pasado y, así, poder devolverles la parte económica de la matrícula que no han podido disfrutar por el cierre de toda actividad, que tuvo lugar a partir del 14 de marzo pasado. Tanto es así, y tan importante es el problema que se genera, que, a propuesta del propio Romero, en esta nueva temporada la UPG ha incorporado un curso «de gestión telemática» que, según explicó, «pretende ayudar y enseñar a hacer los trámites online, más necesarios que nunca en esta nueva normalidad».
Los inscritos aprenderán, entre otras muchas actuaciones, a gestionarse un documento del padrón, la obtención de la tarjeta digital, llevar a cabo un registro de entrada o matricularse en cualquier actividad que organice el ayuntamiento. «Se han hecho más de 400 devoluciones de los cursos de la UPG que quedaron suspendidos como consecuencia del confinamiento decretado por el estado de alarma, pero hemos detectado que todavía hay muchos usuarios que no están al día en los trámites telemáticos y la ayuda del personal de la UPG ha sido primordial», indicó Lluís Romero, quien añadió que, justamente por ese motivo, «pensamos en hacer un curso y que la gente aprenda los trámites telemáticos básicos, cada vez más fundamentales». En Oliva ocurre tres cuartos de lo mismo. Según señalaba ayer la vicealcaldesa de la ciudad, Ana Morell, durante el obligado cierre de la Administración presencial por la crisis sanitaria y el riesgo de contagios, el ayuntamiento ha acentuado la digitalización de los trámites y ha simplificado esas operaciones para que pudieran ser accesibles a la mayoría de las personas. Pero aun así se ha podido detectar que muchos se quedan por el camino y engrosan esa partida de «excluidos tecnológicos». Por ese motivo, en una modificación presupuestaria, el departamento de Hacienda, que dirige la propia Morell, ha incluido una partida económica destinada «a la contratación de servicios de formación para la ciudadanía en aspectos de la sede electrónica», cuyas acciones se concretarán en las próximas semanas.
