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El Consell promete retomar los planes para "legalizar" miles de viviendas ilegales en la Safor

Arcadi España reconoce en Gandia que durante décadas hubo una falta de control sobre las edificaciones en suelo no urbanizable. Simat, Oliva y Gandia estudian planes de minimización

Viviendas fuera de ordenación construidas en el paraje del Pla de Corrals, en el término de Simat de la Valldigna. | NATXO FRANCÉS

Viviendas fuera de ordenación construidas en el paraje del Pla de Corrals, en el término de Simat de la Valldigna. | NATXO FRANCÉS

A finales de la pasada legislatura la Generalitat Valenciana aprobó una normativa para poder iniciar los procesos administrativos tendentes a regular, de una vez por todas, las decenas de miles de viviendas que, durante décadas, se construyeron en zonas no urbanizables a lo largo y ancho de la Comunitat Valenciana, incluso en áreas de especial protección ambiental.

El mecanismo incluido en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (Lotup) se bautizó con el nombre de Planes de Minimización de Impactos de las áreas construidas, precisamente porque uno de los objetivos era evitar que siguiesen causando daños al medio natural. La otra pretensión es facilitar los servicios básicos y las infraestructuras fundamentales a esas «urbanizaciones fantasma» construidas, muchas de ellas, sin ningún control.

En la Safor el primer municipio que se interesó en esos planes de minimización fue Simat de la Valldigna, fundamentalmente por dos espacios invadidos de casas y chalés sin un ordenamiento racional: el Pla de Corrals y les Foies.

Pese a las intenciones de la Generalitat, lo cierto es que en casi dos años poco o nada se ha avanzado en esos procesos. Y de ahí que anteayer, aprovechando la presencia en Gandia de Arcadi España, conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, el alcalde de Simat, Víctor Mansanet, insistiera sobre la cuestión. Evitando cualquier atisbo de reproche, Mansalet le trasladó al conseller España que retomar ese proceso es «urgente» porque, como ocurre en el Pla de Corrals, son más de 800 las viviendas construidas fuera de ordenación, un auténtico «pueblo» surgido al margen de las leyes urbanísticas y con muchas deficiencias de infraestructuras.

En su respuesta, el conseller España reconoció que las casas ilegales crecieron como setas, en parte debido a una falta de control, «por acción o por omisión», tanto de los ayuntamientos como de la Generalitat, pero se comprometió ante el alcalde simatero a retomar esos procesos e impulsar los planes de minimización de impactos que se vayan presentando por parte de los ayuntamientos.

En la comarca de la Safor el problema se extiende de norte a sur y de este a oeste, pero hay localidades especialmente afectadas. Simat, Gandia, Oliva, Barx, Villalonga, Palma de Gandia disponen de miles de casas construidas en suelo no urbanizable, y al menos en los tres primeros ya se han dado los primeros pasos para aprobar planes de minimización. A los ayuntamientos les corresponde, según la ley, iniciar un trámite administrativo no exento de complejidades para, más pronto o más tarde, obligar a los propietarios a financiar parte de las obras necesarias para reducir el impacto que generan sobre el medio ambiente, garantizar el suministro de servicios esenciales y los mínimos accesos para, así, «legalizar» las viviendas.

Seguridad jurídica: Diferentes casos según el año de construcción

Solo las viviendas que fueron construidas fuera de ordenación antes del año 1975 pueden considerarse del todo «legales» y sus propietarios no encuentran obstáculos para realizar cualquier trámite, incluyendo la instalación de infraestructuras básicas o la venta de los mismos. A partir de esa fecha, dependiendo de la legislación vigente en cada momento, los inmuebles están sometidos a diferentes casuísticas. Desde la simple «alegalidad» sin que se puedan derribar, hasta los que tienen orden judicial de demolición y están pendientes de la piqueta. La norma aprobada por la Generalitat pretende, a través de los Planes de Minimización de Impactos, poner orden en toda esa situación y dar garantías jurídicas a los propietarios.

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