La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha vuelto a declarar nula la ocupación directa de los terrenos que el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha utilizado para la construcción del vial perimetral y el colector contra inundaciones de la playa. La obra está acabada e inaugurada desde el pasado verano pero el proceso judicial iniciado por los propietarios de los terrenos sigue su curso de forma paralela.
En mayo del año 2019, la justicia ya falló a favor de los recurrentes, que consideran que el procedimiento que utilizó el consistorio vallero no se ajusta a la legalidad y les deja en la indefensión total. La justicia no entró a valorar esta cuestión y anuló el expediente por un defecto de forma, ya que se habían superado los tres meses que, según la ley, tiene de plazo la administración para resolver asuntos de este tipo.
El ayuntamiento recurrió aquella decisión y ahora se ha conocido la sentencia, a la que ha tenido acceso Levante-EMV. El tribunal desestima el recurso e insiste en que, según la ley, el procedimiento «estaba caducado», por lo que vuelve a dar la razón a los propietarios de los terrenos.
Al no tratarse de una resolución firme, no tiene ningún efecto jurídico para el consistorio. De hecho, el concejal de Urbanismo, Josep Llàcer, confirmaba ayer a este periódico que la intención del ejecutivo local es la de seguir con el proceso y presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El edil y los servicios jurídicos de la administración local alegan que «tres meses es un tiempo insuficiente para resolver un expediente de este tipo» y además están convencidos de que disponen de jurisprudencia que demuestra que, en un caso como este, le da la razón a la administración.
Con las obras ya ejecutadas, a los cinco propietarios que presentaron el recurso contra el ayuntamiento solo les queda conseguir una indemnización porque no pueden recuperar los terrenos. Todo apunta a que tendrá que ser la justicia la que finalmente fije el precio que la administración tendrá que abonar.
El proyecto afecta a terrenos de muchos otros propietarios que, como ayer explicaba Llàcer, ya han cobrado la indemnización que se pactó en su momento. Los cinco que decidieron acudir a la justicia la consideraban insuficiente. El juzgado les da la razón por el momento, sin embargo no ha llegado a entrar en el fondo de la cuestión, ya que los dos recursos se han resuelto por un defecto de forma.
