Pasan los días, mejora la situación pandémica, se suavizan las restricciones pero las Fallas ven que, en su caso, el ritmo va un poco por detrás. Mientras en la hostelería se funciona en altos porcentajes de ocupación tanto en terrazas como en interiores y con amplios horarios para servir comidas, las entidades festivas comprueban cómo la actividad en los casales sigue restringida. En concreto, en estos momentos las sedes festeras solo se pueden utilizar de 10 a 13 horas y de 16 a 23 pero prácticamente solamente para hacer reuniones y temas de gestión, ya que no se pueden consumir ni bebidas ni comidas.
Por ese motivo, la Federació de Falles de Gandia (FdF) ha registrado sendas peticiones al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo en las que critica la actitud de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública con el colectivo fallero por esta cuestión. En el escrito, al que ha tenido acceso Levante-EMV, considera que «es un menoscabo para las personas asociadas a asociaciones culturales legalmente constituidas» y contrapone la situación de los casales a la de los locales de hostelería, «donde no se aplican restricciones tan severas como la limitación horaria o la prohibición de consumir comidas ni bebidas», señala el texto.
El presidente de las Fallas de Gandia, Telmo Gadea, forma parte de la Mesa de Seguimiento formada por representantes de las fiestas falleras y de los estamentos sanitarios. En las reuniones de este organismo se han debatido no solo las posibles fechas para poder llevar a cabo una celebración segura, sino también otros temas como ahora el funcionamiento de los casales. En esta cuestión, no solo las fallas, sino otras expresiones festivas de la Comunitat Valenciana van un poco por detrás de otras actividades.
Las Fallas de Gandia consideran que el colectivo fallero está sufriendo «una criminalización y estigmatización que contrasta con el comportamiento impecable que han demostrado». Además, el escrito pide la intervención tanto del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana como del Defensor del Pueblo nacional que intervengan ante la Conselleria para rectificar una norma «absolutamente injusta, desproporcionada e infundada».
