Hace poco más de seis años, la empresa Comarques Centrals Televisió, que firmó un contrato con el Ayuntamiento de Gandia para la emisión de programas de contenido local, remitió un escrito al entonces alcalde de la ciudad, Arturo Torró, señalándole que no podía cumplir con sus obligaciones. Lo lógico hubiese sido que el consistorio rescindiera ese contrato y santas pascuas. Pero no. Arturo Torró, en calidad de presidente de la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), ordenó que se le pagara, por un servicio que no había prestado, la cantidad de 480.000 euros.
En seis años, el exalcalde del PP no ha sido capaz de explicar por qué, en concepto de qué, ordenó derivar ese dinero público a Comarques Centrals Televisió, cuyo gerente era Ricardo Manuel Faura. O, para ser más exactos, ninguna de sus argumentaciones ha convencido a los jueces en las dos causas abiertas por los tribunales en eso que, en el ámbito político, se conoce como «caso Tele 7».
Hoy es el día que uno de esos dos procesos judiciales llega a su fin. El Tribunal de Cuentas, un órgano de la Administración del Estado, dejará visto para sentencia el juicio que se ha seguido contra Torró y varios colaboradores políticos de cuando fue alcalde, si bien al final solo han quedado, como acusados, dos personas: el propio Torró y quien era gerente de IPG cuando se realizaron los pagos, Gonzalo Morant.
En la parte de la acusación, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que actuó de oficio al recibir la documentación del proceso penal que se sigue por este mismo motivo, y el ayuntamiento de Gandia, que también reclama la devolución a las arcas públicas de los 480.000 euros abonados, más los intereses generados desde el año 2015, lo que eleva la cifra a casi seiscientos mil euros.
En frente, Arturo Torró y Gonzalo Morant, que según han señalado en las distintas declaraciones judiciales llevadas a cabo hasta ahora, justifican en trabajos realizados por Comarques Centrals Televisió el más increíble de los pagos realizados por el Ayuntamiento de Gandia en el periodo de su gobierno.
Por su naturaleza, el Tribunal de Cuentas solo juzga comportamientos que tienen que ver con la administración de recursos públicos y sus condenas buscan reparar el daño causado. En esta ocasión lo que está sobre la mesa es un «alcance contable» de 480.000 euros, y su sentencia, si es condenatoria, supondría la obligación de devolver el dinero al ayuntamiento. En concreto, y a tenor de las investigaciones y las declaraciones recogidas en el sumario, si se acepta la petición de la Fiscalía y del Ayuntamiento de Gandia, el exalcalde del PP debería devolver 300.000 euros y los otros 180.000 solidariamente junto a Gonzalo Morant.
Derivadas en la vía penal
La vista de hoy en Madrid dejará esta causa vista para una sentencia que se podría conocer en menos de dos semanas y que, al margen de las consecuencias económicas para los dos acusados, tiene una segunda derivada tan importante o más que la primera.
Porque lo que decida al Tribunal de Cuentas podrá usarse, tanto por la acusación como por la Fiscalía y la defensa, en el proceso penal del caso Tele 7 abierto contra Torró y varios colaboradores.
Como publicó este periódico, el fiscal pide nada menos que ocho años de cárcel para el exalcalde por prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos, la misma pena que se solicita para el gerente de Comarques Centrals Televisió, Ricardo Manuel Faura. Otros cinco colaboradores del exalcalde se enfrentan en el mismo juicio a cargos que comportan cárcel.
