El Tribunal de Cuentas dejó ayer visto para sentencia el juicio contra el exalcalde de Gandia, Arturo Torró, y quien fue su gerente en la empresa Iniciatives Públiques Gandia (IPG), Gonzalo Morant, por haber pagado 480.000 euros en el año 2015 a la empresa Comarques Centrals Televisió. Para el actual Gobierno de Gandia ese pago no tenía justificación alguna, un argumento al que ayer se sumó la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en la vista celebrada en Madrid. Ambos piden a Torró y Morant que devuelvan al ayuntamiento aquel dinero más los intereses devengados desde 2015.
En ese mismo acto, que casualmente coincidió en Madrid con el macrojuicio a los políticos del «procés» catalán por el uso de fondos públicos en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, los abogados de Torró y Morant, así como tres testigos que acudieron a la capital de España, explicaron que la transferencia de dinero de IPG a Comarques Centrals Televisió sí estaba justificado.
Según explicó el propio exalcalde gandiense, el pago de los 480.000 euros que se juzga responde no a una notificación de la empresa de comunicación por no poder cumplir el contrato que había firmado con el ayuntamiento, sino a una petición de IPG para que dejara de emitir, a la vista de que la empresa municipal «se encontraba en quiebra» y no podía mantener ese servicio.
Los testigos y los abogados del alcalde y del entonces gerente de IPG explicaron a los miembros del tribunal que el balance económico que se realizó con la interrupción del contrato para la emisión de programas de contenido local incluyó un lucro cesante, el pago por gastos en infraestructuras para la difusión televisiva en la comarca, facturas pendientes de tres trimestres previos a la rescisión del contrato y otras inversiones que Comarques Centrals Televisió había realizado.
«Eran facturas que se le debían y que teníamos que pagar», insistió Torró, quien desde un primer momento sostiene que ni IPG ni el ayuntamiento incurrieron en irregularidad alguna para abonar los 480.000 euros.
El actual Gobierno de Gandia, a través de sus servicios jurídicos, y también la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, no han «comprado» esa versión porque no existen documentos o facturas que justifiquen el pago en cuestión por parte de IPG a Comarques Centrals Televisió.
La sentencia se espera conocer en dos o tres semanas, pero aún queda pendiente un juicio por vía penal por esta misma causa.
