El Gobierno local de Gandia no quiere que en esta ciudad se repita el error cometido en el año 2015, cuando se cerró el hospital comarcal, un enorme motor de actividad en el distrito de Roís de Corella, sin que existiera una alternativa que permitiera dinamizar este espacio urbano. Entonces numerosos locales comerciales sufrieron un descenso en su volumen de negocio, y algunos se vieron abocados al cierre o a reducir el número de trabajadores.
El próximo complejo que cerrará en ese mismo distrito es el Palacio de Justicia, que previsiblemente se trasladará, dentro de dos años, al nuevo complejo que ahora empezará a construirse en un solar del ensanche de Santa Anna, junto al barranco de Beniopa.
Apenas la semana pasada los dos portavoces del Gobierno local, Josep Alandete y José Manuel Prieto, este último hoy convertido en alcalde, apuntaron una de las alternativas que se están planteando. Consiste en reutilizar el edificio, con las modificaciones que sean necesarias, para una residencia, centro de día o taller para personas que requieran algún tipo de atención o cuidado.
Lo reveló el propio Alandete al señalar que, en una reunión mantenida el pasado 5 de junio con el responsable de Infraestructuras de Servicios Sociales de la Generalitat, Enrique Juan, planteó, junto a la entonces alcaldesa, Diana Morant, que los técnicos de la Generalitat pasen revista a este edificio de la calle Laval y valoren si es aprovechable para ese fin.
Morant y Alandete acudieron a la conselleria que dirige Mónica Oltra para reclamar algún proyecto en Gandia dentro de ese multimillonario programa que es el Pla Convivint, dirigido a la construcción de infraestructuras de servicios sociales para atender a los colectivos vulnerables a lo largo y ancho de la Comunitat Valenciana. En la Safor el Pla Convivint ya contemplaba actuaciones en Oliva, Tavernes de la Valldigna y Potries, de manera que el Gobierno local gandiense reclamó alguna obra en esta ciudad. En ese contexto es donde se ha puesto al actual Palacio de Justicia para que sea aprovechado con las modificaciones que se estimen oportunas.
Lo que hace apenas una semana dejaron claro Josep Alandete y José Manuel Prieto es que el Gobierno local «ya negocia con diferentes consellerías el uso del inmueble que acoge los Juzgados y otras dependencias, puesto que hay necesidades en muchas áreas», de lo que, a falta de concretar, se desprende que, si la Generalitat estima que ese edificio no es apropiado para una residencia, centro de día o taller, se estudiarán otras alternativas, incluso la de compartir diferentes usos en ese mismo espacio.
El nuevo Palacio de Justicia de Santa Anna se ha adjudicado a la empresa Taller de Construcción TMR por 15.122.693 euros, y las obras se prevén para después del verano. Concluirán si no hay retrasos, a mediados de 2023.
Suplir la ausencia de un gran hospital comarcal, con la movilidad y actividad económica que eso supone, no es fácil, pero nadie podrá reprochar al ayuntamiento los esfuerzos para evitar que el distrito de Roís de Corella entre en fase de decadencia y obligue al traslado de establecimientos comerciales.
El hospital, obviamente, no volverá, pero sí abrirá, en dos años, un centro sociosanitario integrado, con atenciones de ámbito comarcal, en el que la Generalitat invierten más de quince millones de euros. También allí seguirá el mercado de los sábados, que genera una importante afluencia de personas.
No menos importante sería la construcción, como se está estudiando de un Centro Integrado Público de Formación Profesional que ya ha sido anunciado por la Conselleria de Educación, aunque sin especificar el lugar. Una de las propuestas que están sobre la mesa es la parcela dotacional educativa que está en la prolongación del paseo de les Germanies, junto a la fuente y los jardines que cierran la urbanización Beniopa-Passeig.
Y ahora, como nueva posibilidad, la idea de una residencia o centro de día para personas que requieren algún tipo de asistencia en el actual Palacio de Justicia. Si bien los efectos no se notarán al menos hasta dentro de dos años, no cabe duda de que la unión de todos esos elementos repercutirá, siempre en positivo, en la regeneración de un tejido social y económico que, en parte, se perdió cuando el hospital comarcal cerró para trasladarse al polígono de Sanxo Llop.
