Son muchas las acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Oliva para facilitar vivienda digna a personas o familias vulnerables que no disponen de los recursos para acceder al mercado libre. Entre ellas figura la elaboración de un censo de pisos o casas vacías que estén en condiciones de ser habitadas.
En la ciudad, como en tantos otros municipios, se da la paradoja de que cientos de viviendas siguen cerradas, muchas de ellas propiedad de bancos o de fondos de inversión, mientras la Administración se ve obligada reiteradamente a buscar un lugar donde vivir a personas que son obligadas a desalojar la suya.
La intención del ayuntamiento es mediar. Poner en contacto a propietarios de estas viviendas sin uso y las familias que las requieren. Pero en esto, como tantas veces se ha podido comprobar, se choca muchas veces con perjuicios sociales que impiden cerrar la negociación, fundamentalmente porque quienes tienen que ceder la vivienda no confían en que los moradores se comporten correctamente.
Otra de las iniciativas, anunciada apenas a principio de verano, es que Oliva se suma al convenio promovido por la Conselleria de Vivienda, que dirige el vicepresidente del Consell, Rubén Martínez Dalmau, para ejecutar el derecho de tanteo y retracto en la compraventa de viviendas con el fin de evitar la especulación en ese mercado.
El proceso ya se ha estrenado en la Safor y el mejor ejemplo fue la adquisición de trece pisos situados en un mismo edificio de la Font d’en Carròs, algunos de los cuales ya están ocupados por personas que han sufrido desahucio o no disponen de recursos para una vivienda. Por esas 13 viviendas se pagaron 700.000 euros en total, un valor que se sitúa entre un 40 y un 50% por debajo de lo que se hubiese abonado en el mercado libre.
Cuando se siguen las informaciones y llamadas de alerta de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de la Safor (PAH), no resulta difícil comprobar que Oliva figura entre los municipios de la comarca con un mayor número de desahucios que, como es obvio, afectan a familias vulnerables que o bien han ocupado ilegalmente una vivienda de la localidad o bien sus recursos no alcanzan a seguir pagando el alquiler o las mensualidades de la hipoteca.
En los últimos años la acción conjunta del departamento municipal de Bienestar Social que dirige la concejala Yolanda Balaguer, en coordinación con la Generalitat, ha conseguido dar respuesta a esas emergencias, ya sea negociando con los bancos o propietarios u ofreciendo una casa a quienes iban a quedarse sin techo, y evitar que nadie se quede en la calle.
Pero actuar a bote pronto, a golpe de emergencia, no es la solución. Lo dice la propia concejala Balaguer, que lleva desde el inicio de esta legislatura trabajando en un plan para que la Administración pueda disponer de un mayor parque de vivienda pública, dado que en estos momentos se limita a diez casas, tres de propiedad municipal y otras siete de la Generalitat.
En esa línea va el Plan Estratégico Municipal que se acaba de adjudicar al consultor Max Gigling y a la empresa Rogle Coop. Según Balaguer esta acción pretende, por una parte, disponer de un diagnóstico de los problemas de acceso a la vivienda en el municipio y, por otra, plantear las propuestas a realizar por las administraciones, especialmente el propio ayuntamiento.
La concejala de Bienestar Social reconoce que este es «un problema que debemos solucionar» y que el conjunto de las administraciones está obligado a actuar para garantizar que todas las familias dispongan de un techo en condiciones de habitabilidad. En esa misma línea trabaja la vicepresidencia y conselleria de Vivienda de la Generalitat, que ha respondido, cuando ha sido requerida por el ayuntamiento, cada vez que se anunciaba un desahucio y las personas afectadas no disponían de una alternativa para cobijarse. En algún caso los desalojados han tenido que cambiar de municipio, precisamente porque Oliva no disponía de viviendas para acogerlas.
«Hemos tenido que trabajar en muchos frentes», explicó ayer a este periódico Yolanda Balaguer, quien relata que tanto responsables políticos como técnicos de su departamento han negociado con bancos y propietarios para evitar que se ejecutaran los desahucios que dictan los jueces.
En ese sentido, el ayuntamiento trabaja en dos vertientes. Primero la llamada «emergencia habitacional», aquella que se plantea cuando una persona o familia, especialmente si incluye a menores, tiene que salir de casa y no dispone de alternativa. En muchos de esos casos se produce una gestión contrarreloj. En segundo lugar están las gestiones que se dirigen a encontrar hogares a precios asequibles, porque, como indica Balaguer, Oliva no es ajena a ese problema general de personas, en muchos casos jóvenes, que no pueden acceder a sus pretensiones de alquiler o de compra porque el precio de la vivienda en el mercado libre se no lo permite.
Decenas de personas están en esa situación, pero Oliva no es una excepción en la Safor. Gandia, sin ir más lejos, es otra de esas ciudades que sufren eso que la Administración llama «mercado tensionado del alquiler» y que, en terminología de calle, supone que los precios medios están por encima de lo que la mayoría de las personas pueden pagar por una vivienda que reúna las condiciones idóneas para ser ocupada.
