Los nuevos juzgados de Gandia, con un coste de 17,5 millones de euros, reunirán once órganos judiciales en un nuevo edificio de cinco plantas y 16.000 metros cuadrados, e incorporarán todos los estándares para ser una infraestructura «segura, confortable, eficiente, sostenible y accesible», según dijo la consellera Bravo durante la firma del acta de replanteo junto al alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. El edificio acabará con la actual dispersión de órganos judiciales, incluida la oficina de la Fiscalía, y concentrará en esa «mini Ciudad de la Justicia de Gandia» todos los servicios de la Administración de Justicia, incluyendo la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito, la Unidad de Valoración Integral Forense o la cámara Gesell.
Para la consellera, este proyecto «no es un punto de partida, sino la culminación de una apuesta por la mejora de la Administración de Justicia en esta comarca que ha sido una de las prioridades del Consell del Botànic desde 2015», que incluyó el hecho de haber sido uno de los primeros partidos judiciales donde se ha renovado todo el sistema de grabaciones de vistas del Programa Aurea.
También se procedió a la renovación integral del parque informático, la ampliación del ancho de banda de las líneas de comunicaciones judiciales y al reparto de ordenadores portátiles a todos los jueces y magistrados que lo solicitaron.
Alla por el año 2006 Miguel Peralta, entonces conseller de Justicia, respondió a las muchas críticas sobre la pésima situación de los juzgados de Gandia con el anuncio de que, «de forma inminente» la Generalitat construiría un nuevo Palacio de Justicia. Peralta dejó el cargo y ni él ni los consellers que le sucedieron avanzaron significativamente en esa actuación.
Han tenido que pasar quince años para que el Consell presidido por Ximo Puig diese el empujón que necesitaba esa histórica reivindicación de todo el partido judicial de Gandia, y el mérito del esprint definitivo corresponde a la actual consellera, Gabriela Bravo. La casualidad ha querido que ella, que estuvo en Gandia varias veces como integrante y vocal del Consejo General del Poder Judicial y criticó la situación de los juzgados, quien concluya una gestión que reclamó con insistencia durante años.
Porque histórica puede considerarse la jornada de ayer. El día en que la empresa constructora firmó con el Ayuntamiento de Gandia y la Conselleria de Justicia el acta de replanteo, el minuto uno de las obras que, en dos años, si no hay retrasos, permitirán abrir un Palacio de Justicia que dará servicio a 28 municipios de la Safor, todos excepto Benifairó, Simat y Tavernes de la Valldigna, y una decena de la Vall d’Albaida, los situados al este de la línea que discurre entre Castelló de Rugat y Pinet.
Solo por dar respuesta a las necesidades judiciales de Gandia ya valía la pena una inversión de 17,5 millones, la mayor desde 1995 en la Safor, pero es que el Palacio de Justicia supone mucho más que eso para la ciudad en la que va a implantarse.
Porque el ayuntamiento, cuando cedió la parcela, ya pensó en el concepto, en la idea de completar la trama urbana entre los distritos de República Argentina-Plaça El·líptica y Santa Anna, dado que el edificio se levantará ante el barranco de Beniopa, lo que no cabe duda que impulsará promociones de viviendas en el resto de solares de ese ensanche urbano, ahora vacío y medio paralizado desde que se ejecutó hace cerca de una década.
Un tercer objetivo que se consigue es acabar con ese aislacionismo que durante décadas caracterizó al distrito de Santa Anna, porque la enorme movilidad de personas que generará una infraestructura de esas características sin duda repercutirá en la construcción y apertura de todo tipo de servicios, desde bares y cafeterías a tiendas de todo tipo. Se estima que allí trabajarán unas 150 personas y que otras 300 acudirán diariamente para realizar alguna gestión.
Tanto la consellera Bravo como el alcalde, José Manuel Prieto, se situaron al frente de la comitiva que escenificó la importancia de la jornada de ayer. Primero con la firma solemne del Acta de Replanteo, que tuvo lugar en el ayuntamiento, y después desplazándose al solar, donde ya se había colocado el cartel anunciador de las obras, inmortalizando en una imagen la obra que esperan inaugurar a finales de verano o principios de otoño de 2023.
El proyecto consolida a Gandia como capital judicial
La apertura de la Ciudad de la Justicia de València, hace varios años, llevó a la Generalitat a centralizar allí muchos servicios, de manera que capitales de partidos judiciales, como Alzira y Sueca, han criticado los rumores de cierre de órganos propios porque eso obliga a desplazamientos de los usuarios. No ocurrirá eso en Gandia. La mayor distancia València, y sobretodo la construcción de este gran edificio que ahora empieza, consolidan a la capital de la Safor también como «capital judicial», de manera que, en vez de perder servicios en esa materia, su intención es mantenerlos, e incluso ampliarlos en el futuro.
