Durante años los pequeños municipios se las han visto para poder detectar, inspeccionar y sancionar las construcciones ilegales que se han levantado en casi todos los términos de la Safor. Hasta el punto de que, por cansancio, por incapacidad o por la habilidad de promotores asesorados por buenos abogados, miles de infracciones han quedado sin castigo.
Pero a partir de ahora burlar la legislación urbanística va a ser mucho más difícil en, de momento, once municipios de la Safor que ya se han sumado a una propuesta de la Generalitat mediante la cual ceden las competencias en materia de protección de la legalidad a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.
Según la relación facilitada esta misma semana por la Generalitat, los ayuntamientos de Ador, Barx, Benifairó de la Valldigna, Daimús, Almiserà, l’Alqueria de la Comtessa, Bellreguard, Xeraco, el Real de Gandia, Tavernes de la Valldigna y Simat de la Valldigna ya han aprobado esa cesión de competencias. Entre ellos figuran algunos que, en los últimos años, han visto cómo se construía o alteraba el terreno no urbanizable, incluso con grandes edificios destinados a industrias.
En esos municipios desde ahora se cambia el sistema para proceder contra los infractores. El ayuntamiento o la Generalitat podrán iniciar los expedientes en el momento en que se detecte una actuación irregular, siempre que se cometa en suelo no urbanizable común o protegido. Cuando el problema esté en suelo urbano, la competencia sigue siendo del ayuntamiento.
Algunos alcaldes, concejales y técnicos de urbanismo consultados por este periódico reconocen a este periódico que la herramienta habilitada por la Generalitat, a la que previsiblemente se acogerán otros municipios de la Safor, no solo responde a los escasos recursos técnicos de los ayuntamientos adheridos, sino también a una decisión política de traspasar la responsabilidad en materia de infracciones a una administración superior, como es la Generalitat, para evitar conflictos que, de una u otra manera, acaban desgastando políticamente a los alcaldes.
Porque de todos es conocido que en algunos municipios decenas de personas han construido ilegalmente, un problema que en los últimos años se empezado a acotar, y abrir expediente a todos los promotores resultaba «impopular» para los alcaldes.
La Generalitat, en cambio, tiene a su disposición herramientas modernas que permiten detectar esas obras o alteraciones en la naturaleza del suelo no urbanizable para, inmediatamente, abrir los procedimientos. Esos expedientes no solo pueden acabar en multa, sino también en la obligación del promotor de retornar el suelo transformado a su estado original y, en los casos más graves, generalmente cuando son áreas protegidas, incoar una causa judicial por un delito ambiental o contra la ordenación del territorio que puede derivar en penas de prisión.
Desde hace mucho, las grandes «obras ilegales» quedan a la vista de la Administración porque, periódicamente, sus técnicos visualizan fotografías tomadas desde el aire que, cotejándolas con otras anteriores, revelan las posibles infracciones.
