El Ayuntamiento de Gandia se quedará el próximo mes de octubre sin el grupo municipal de Ciudadanos, el integrado por un único concejal, Pascal Renolt. Es lógico si se tiene en cuenta que el pasado mes de mayo Renolt fue expulsado por la dirección nacional bajo el argumento de que había vulnerado el código ético, sin dar más detalles.
Poco después la formación política que ahora dirige Inés Arrimadas comunicó al consistorio esa circunstancia y le animó a iniciar el proceso para extinguir el grupo de Ciudadanos, dado que Renolt ya no podía usar esa marca política. La secretaría municipal emitió entonces un informe que concluía con la necesidad de que el concejal pasara a formar un grupo de No Adscritos, pero elevó una consulta al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. El informe ha llegado esta misma semana y, según ha podido conocer este periódico, avala el proceso iniciado.
Desde el punto de vista político este cambio no tiene la más mínima trascendencia en el ayuntamiento. El Gobierno local suma 15 de los 25 concejales, 11 del PSPV-PSOE y los 4 de Compromís Més Gandia Unida, por 9 del PP. De ninguna manera el voto de Ciudadanos altera la correlación de fuerzas ni la estabilidad de la gestión.
En lo que Pascal Renolt notará el cambio es el uso del despacho municipal, que ahora pierde, así como el sueldo de la asesora que ha llevado los trámites para facilitarle su labor en el ayuntamiento como miembro de la oposición.
Teniendo en cuenta que el concejal no puede ser considerado un tránsfuga, porque no ha puesto su firma para la alteración del Gobierno local, de momento podrá mantener la retribución económica de la que disfruta, que, como el resto de concejales con dedicación exclusiva, alcanza los 44.574 euros brutos anuales.
El retraso en la aplicación de estas medidas ya estaba generando suspicacias entre los grupos políticos municipales de Gandia. Si bien formalmente ninguno de ellos ha solicitado esos cambios, sobre todo atendiendo a la buena relación personal con Pascal Renolt, cierto es que, en privado, reconocían que el consistorio tenía que cumplir la ley, lo que se formalizará en el pleno de octubre, dando así quince días de plazo para el concejal pueda formular cuantas alegaciones o consideraciones estime oportunas.
Lo ocurrido con Pascal Renolt no hace más que acentuar el proceso de descomposición de Ciudadanos en la Safor y la sensación de que el apoyo popular en las próximas elecciones municipales de 2023 será muy inferior al obtenido hace dos años y medio.
