La Mancomunitat de Municipis de la Safor ha quedado en una situación de bloqueo. No puede adaptarse a la nueva ley de la Generalitat para convertirse en una mancomunidad «de carácter territorial» y, así, asumir más competencias y recibir más recursos económicos, como es el deseo de todas las formaciones políticas.
En los últimos meses todos los municipios de la Safor han aprobado ese cambio normativo, por unanimidad, excepto Ròtova, que lo ha intentado en tres ocasiones, la última la noche de este pasado martes, cuando la propuesta volvió a ser rechazada.
El motivo se resume en dos aspectos. Por una parte, varios concejales echan la culpa a la actitud del alcalde, Jordi Puig, de Compromís, por no ser capaz de negociar un acuerdo como este con los otros grupos políticos. Y, en segundo lugar, está descomposición que viven el propio Compromís, con dos concejales que abandonaron al alcalde y forman el Grupo No Adscrito, y el del PP, que no solo ha expulsado a una concejala, sino que sus componentes se han negado a cumplir las instrucciones del propio partido a nivel provincial cuando les pidieron que, pese a sus diferencias con el alcalde, votaran a favor de la aprobación de los nuevos estatutos de la Mancomunitat.
Lo de Ròtova es, en realidad, una crisis institucional en toda regla que ahora cobra una nueva dimensión al extenderse al conjunto de la comarca. Compromís, que obtuvo la mayoría absoluta con cinco concejales, se quedó con tres ediles. Los otros dos pasaron a No Adscritos por diferencias con el alcalde. El PP, que obtuvo cuatro ediles, ha expulsado a una concejala que fue implicada por la Guardia Civil en una operación antidroga y que se ha negado a dimitir. Y, encima, en el pleno del martes los dos únicos representantes que acudieron se negaron a seguir las directrices del partido.
Las consecuencias de esa insólita situación son, por una parte, que la Mancomunitat se queda como está, sin asumir más competencias, servicios y recursos económicos, por culpa de la negativa de Ròtova. Pero tan importante o más que eso es la parálisis institucional que sufre desde hace años un ayuntamiento incapaz de aprobar las cuestiones más básicas. Solo a modo de ejemplo, el martes ni siquiera salió adelante el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres o la adhesión a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, que también figuraban en el orden del día y que fueron rechazados por PP y los dos concejales No Adscritos pese a que en la mayoría de municipios estas cuestiones salen adelante por unanimidad. El alcalde, además, se ha visto obligado a aprobar los dos últimos presupuestos municipales mediante el mecanismo de la moción de confianza.
Esperando otra oportunidad
De momento, la imposibilidad de convertirse en una mancomunidad territorial ya va a impedir que la Safor asuma las competencias para firmar un convenio, anunciado la semana pasada, que habría permitido abrir una Oficina Xaloc destinada a facilitar los trámites para rehabilitar viviendas y espacios urbanos. El Consell anunciaba ayudas por valor de 840.000 euros hasta el año 2024
A esa cifra, destinada a particulares y ayuntamientos, se puede unir otro medio millón de euros que la Generalitat habría podido inyectar a la Safor para reforzar la institución y acometer nuevos proyectos. Porque el presupuesto autonómico de este año contempla un millón de euros para las mancomunidades territoriales, y, hasta la fecha, solo la Ribera Alta ha formalizado ese trámite.
La presidenta de la Mancomunitat de la Safor, Assumpta Domínguez, lamentó ayer esta situación y, en declaraciones a este periódico, apeló «a la responsabilidad» de todos los actores para desbloquearla en beneficio del conjunto de la comarca. La única salida es el acuerdo político previo y que se convoque otro pleno para lograr el objetivo deseado.
