De forma cíclica y recurrente las derechas patrias lanzan consignas ramplonas que repiten machaconamente con la intención de marcar la agenda política a través de un marco mental colectivo sin importarles su veracidad. Si en 2004 la consigna era «gobierno ilegítimo», por ganar las elecciones tras las mentiras de Aznar en el atentado terrorista del 11M, años más tarde era la de «amigos de los terroristas», por negociar y, finalmente, alcanzar la esperada disolución de ETA. Tras la caída de Rajoy, moción de censura mediante, con la sentencia por corrupción al PP, la soflama era «presidente ocupa» y tras intentar rebajar el suflé independentista hinchado en la etapa Popular, el nuevo eslogan era «traidores a la unidad de España». Ahora el último «top ten» de Radio Popular es «hay que bajar impuestos», con el dudoso argumento de que ello baja el IPC y restablece el crecimiento económico.
En un reciente artículo en El País, Santiago Carbó afirma que «apagar el fuego del disparatado incremento de los precios requiere de amplias y decididas medidas en política energética, de rentas, fiscal y monetaria. Precisará de bastantes trimestres, tino en las acciones y suerte». El gandiense Carbó, catedrático de Economía Aplicada y ex-asesor de la FED norteamericana en Chicago, sabe de lo que habla y nunca dice estupideces como muchos de los loros parlantes que se escuchan en las Cortes Españolas, en las tertulias radiofónicas o de concejales transmutados en simples cajas de resonancia en los plenarios municipales.
La cuestión es ¿alguien puede argumentar de manera mínimamente racional por qué la bajada de impuestos es una solución que, como la panacea cervantina del «bálsamo de Fierabrás» todo lo cura? ¿Hay alguna comprobación empírica de que eso ocurre? A la vista de lo ocurrido en 1981 en EE UU con Ronald Reagan en el poder, la masiva bajada de impuestos provocó el mayor déficit presupuestario de la historia norteamericana, y en 1986, el agujero ascendía a un billón de dólares. La milonga de la curva de Laffer, donde se aseguraba que «unos impuestos más bajos pueden aumentar los ingresos fiscales», era un trampantojo argumental como la copa de un pino. En un interesante libro, El Triunfo de la política. Por qué fracasó la revolución de Reagan, (Ed. Grijalbo), David Stockman despedaza la falsaria retórica fiscal de los conservadores norteamericanos al considerar que su mensaje es siempre el mismo: anunciar bajadas de impuestos sin decir jamás cuales van a ser los recortes presupuestarios por el temor a perder el favor popular e incomodar a poderosos lobbies de presión. Ello comporta que, finalmente, la rebaja impositiva no va acompasada de los correspondientes recortes de gasto y el déficit público (y la deuda) se dispara. De manera muy ácida, Stockman lo resume de la siguiente manera: «la política pública se convirtió en una ensalada de reivindicaciones parroquiales proferidas por intereses privados que desfilaban disfrazados de administradores públicos».
Ciñéndonos al momento actual, un organismo tan ortodoxo en materia económica como el FMI y nada sospechoso de ser un propagandista izquierdoso, desaconseja tajantemente la bajada de impuestos ya que «es una medida inadecuada al poner más dinero en circulación y hará crecer aún más la inflación, especialmente en un escenario en el que ya está muy alta por restricciones de la oferta». La otra propuesta del PP de deflactar los tramos del IRPF y compensar un ilusorio incremento de rentas tampoco parece que sea muy efectivo ya que las rentas apenas han aumentado, lo han hecho fundamentalmente los precios. Además, toda esta política fiscal debilitaría nuestras cuentas nacionales, en un país con un alto déficit público como consecuencia de las ayudas (exigidas vehemente por los populares) dadas a amplios sectores productivos paralizados por la pandemia, a multitud de familias con recursos muy mermados y la ineludible incorporación temporal de empleados públicos en sanidad y educación.
Por otro lado, según la web datosmacro.com, del diario Expansión, si analizamos la presión fiscal respecto al PIB de los distintos países y su comportamiento inflacionario, tampoco parece que haya ninguna correlación entre ambas magnitudes (ver la Tabla1): muchos países con una inflación superior o tan alta como la española tienen una presión fiscal menor (Estonia, República Checa, Letonia, Bulgaria, Hungría y EE UU) y el caso contrario, es decir, tener un IPC inferior a la español con una presión fiscal mucho más alta (Alemania, Portugal, Austria, Dinamarca, Suecia, Italia, Francia y Finlandia). Otra constatación más de la falacia argumental del Partido Popular.
Pero en términos más locales y cercanos, vamos a recordar la trayectoria fiscal de los populares de los últimos años en los tres niveles administrativos (nacional, autonómico y local) para ver cuál es la prédica y cuál la práctica.
En noviembre de 2011 Rajoy ganó las elecciones generales con mayoría absoluta con un discurso centrado en salir de la crisis apostando por la vía liberal, contraria a la subida de impuestos. Decía en 2010: «La subida del IVA es un sablazo de mal gobernante a los ciudadanos para que paguen la crisis y es contraproducente para la economía», en referencia a Zapatero, que lo aumentó del 16% al 18%. Pues bien, una vez en la Moncloa lo subió al 21% junto a otros muchos tributos (IRPF, Sociedades, Patrimonio, impuestos Especiales y el IBI a través de los valores catastrales). Asimismo estableció en julio de 2012 que los pensionistas deberían pagar el 10% del precio de los medicamentos y, posteriormente, anunció el cobro por el transporte sanitario no urgente y la cofinanciación de las ortoprótesis (sillas de ruedas, prótesis y audífonos). El colmo impositivo fue el «impuesto al sol» con el que gravaba el autoconsumo con energías renovables, lastrando la incipiente puesta en marcha de una solución energética que tan bien nos hubiera venido en los momentos actuales de carestía de precios y, por supuesto, de la mejora medioambiental por ser energía limpias.
A nivel autonómico, la Generalitat se vio forzada a quitarse la máscara de autonomía idílica, y sin posibilidad de echarle la culpa a ninguna herencia después de 16 años gobernando el PP, el presidente Fabra tampoco se salva: aumentó el tramo autonómico del IRPF, eliminó la desgravación de la vivienda habitual, llevó al máximo el denominado céntimo sanitario que gravaba los hidrocarburos (hasta 3,6 céntimos por litro), el Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales se aumentó del 8% al 10%, redujo la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del 99% al 75% y, en actos Jurídicos Documentados, el tipo pasó del 1,2% al 1,5%.
¿Y a nivel local? ¿Se acuerdan aquello de «más empleo, menos impuestos»? Pues bien, el PP salió del Gobierno de Gandia con más paro que con el que entró y con más impuestos con los que se encontró. Antológica fue la rueda de prensa de Barber, y cito literalmente: «nosotros en campaña electoral dijimos que no queríamos subir los impuestos, pero en la situación actual en la que estamos no existen fórmulas mágicas y por ello modificamos la ordenanza que corresponde al IBI, al IAE, Vehículos, Tasa de Basura, Ocupación de vía pública y la de los Vados». Casi nada. Si al menos se hubieran reconducido las finanzas municipales todavía sería justificable la subida impositiva generalizada, pero no, en cuatro años la deuda fue de 140 millones más, un incremento diario de noventa y seis mil euros. Sin comentarios.
Tal como afirmó en sede parlamentaria el Presidente Sánchez, el PP sólo baja impuestos cuando está en la oposición. Si realmente se desea un debate serio sobre cuestiones fiscales en un país con un gasto público respecto al PIB cuatro puntos inferior a la media europea pero sus ingresos lo son en ocho puntos menos, no tiene ningún sentido debilitarlo fiscalmente todavía más. El auténtico enfoque ha de ser distinto y debería hablarse de la eficiencia del gasto público, reducción del fraude fiscal, mejorar la justicia tributaria para que no paguen siempre los mismos o resolver la enorme asimetría fiscal existente entre las grandes corporaciones y las pymes (ver la Tabla 2).
Prometer frívolas bajadas impositivas que pongan en riesgo la columna vertebral del Estado del Bienestar, como es la Sanidad, la Educación, la Dependencia o las mismísimas Pensiones es, simplemente, una temeridad. Más allá de la matraca repetitiva de Cucas, Marotos y Mazones, la experiencia de gobiernos del PP es muy clara: cuando gobierna incumple lo que prometió y ahora quiere volver a gobernar prometiendo lo que no va a cumplir. Consejos vendo, que para mí no tengo.
